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Un juez cita a declarar a 27 mujeres por abortos ilegales

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a 28 mujeres como testigos en el marco de la investigación por las posibles irregularidades detectadas en la Clínica Isadora.

el 14 sep 2009 / 22:34 h.

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El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha citado a declarar a 28 mujeres como testigos en el marco de la investigación por las posibles irregularidades detectadas en la Clínica Isadora en la retirada de residuos biosanitarios y práctica de abortos ilegales, según una de las abogadas de las testigos.

Este procedimiento se inició a raíz de una denuncia del colectivo La Vida Importa interpuesta el 9 de junio de 2006 ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil contra Isadora por tirar restos humanos (de fetos de más de ocho meses) y biosanitarios (gasas o jeringuillas) en los cubos de basura.

Sin embargo, la investigación no comenzó hasta el pasado febrero, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) verificó que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y que practicaba abortos ilegales. El análisis de los restos fetales ha determinado que ninguno superaba las 22 semanas.

investigación. El Seprona envió a la Guardia Civil los datos recabados, que a su vez los remitieron al juez. La causa cayó en un principio en el Juzgado número 31 que estaba de guardia, pero posteriormente entró en reparto al Juzgado de Sierra Fernández.

Al mismo tiempo, la juez de Madrid Gemma Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número número 45, investiga la práctica irregular de interrupciones voluntarias del embarazo de las clínicas CB Medical Ginedemex, la filial en Madrid del centro abortivo de Carlos Morín, y Mayrit.

Estas diligencias se derivan de las denuncias presentadas por la Consejería de Sanidad contra estos centros ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de su actividad.

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