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Un juez de Cádiz regulariza a una mujer por tener una hija española

Los tribunales han dado la razón a una mujer boliviana a la que el Gobierno le denegó su permiso de residencia a pesar de ser madre de una niña nacida en El Puerto de Santa María

el 15 sep 2009 / 05:27 h.

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Los tribunales han dado la razón a una mujer boliviana a la que el Gobierno le denegó su permiso de residencia a pesar de ser madre de una niña nacida en El Puerto de Santa María. Un juez obliga a la Subdelegación en Cádiz a anular esa resolución y declara el derecho de la recurrente a obtener la autorización de residencia solicitada.

Los padres de la pequeña, de poco más de dos años, presentaron esta solicitud en abril de 2007 ante la sede del Ejecutivo en Cádiz, que desestimó finalmente el recurso. La pareja acudió a la vía judicial para impedir que su situación irregular en España pudiera deparar en una orden de expulsión.

El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Cádiz concluye que "ni las normas sobre extranjería ni el sólo sentido común pueden admitir que la madre de un español sea una pura extranjera y se la trate como tal". En este fallo judicial prevalece el interés de la menor y la protección de la familia, por lo que entiende que si se desestima el permiso de residencia de la madre no se están garantizando los derechos de su hija: "Llevaría aparejado como consecuencia necesaria bien la salida de la hija menor española o bien la separación de madre e hija con desmembración de la familia que integran".

La pareja está pendiente de una segunda sentencia del juzgado de lo contencioso número 3, que está a cargo del recurso presentado por el padre. De momento, este primer fallo contradice la decisión de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, que una vez más no se muestra partidaria a regularizar la situación de inmigrantes con hijos españoles.

La Asociación Pro Derechos Humanos asegura que esta actitud es propia de una política muy restrictiva de la sede del gobierno en Cádiz en esta materia. "Se trata de una sentencia clarificadora que viene a demostrar que se está saltando a la torera nuestra legislación, obligando a los inmigrantes a acudir un día sí y otro también a la justicia para que protejan sus derechos", señaló el presidente de esta asociación, Rafael Lara.

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