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Un juez de Sevilla ordena "por primera vez" al Gobierno la devolución íntegra de paga extra retirada en 2012

"Es la primera vez que a nivel nacional se ordena la devolución íntegra desde que se produjeron los recortes", recuerda el sindicato CSIF.

el 11 nov 2013 / 18:23 h.

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130111_fot_funcionarios_efe_horizEl Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla ha dictado sentencia por la que reconoce que la retirada de la paga extra de Navidad, decretada por el Gobierno central en 2012 es "contraria a derecho" y obliga a esta Administración a su devolución íntegra, según indica el sindicato CSIF, que defiende al funcionario afectado y que asegura que "es la primera vez que a nivel nacional se ordena la devolución íntegra desde que se produjeron los recortes". En la sentencia, consultada por Europa Press, dicho juzgado declara "contraria a derecho" la minoración de una cuarta parte de la cuantía anual de sueldo y trienios "sufra por el actor en sus nóminas de julio a diciembre de 2012" y declara el derecho del actor a "ser resarcido por la administración demandada, abonándole las anteriores minoraciones, más sus intereses legales". Según indica CSIF-A en su nota, esta sentencia supone "un éxito judicial y sindical en una denuncia que recoge que Hacienda retiró la paga extra de manera 'anómala e ilegal' a los funcionarios de Justicia y que se dicta en vísperas de nuevas movilizaciones de CSIF contra el recorte a las extra de 2014 de los empleados públicos en Andalucía". El sindicato precisa que J.A.R, secretario del Juzgado de Paz de La Rinconada (Sevilla) se ha convertido en "el primer empleado público en ganar la batalla jurídica al Ministerio de Hacienda", toda vez que "se trata de la primera vez en la que un juzgado ordena la devolución íntegra de esta paga extra, pues hasta ahora, los juzgados tan sólo habían reconocido la parte proporcional que había sido devengada hasta el mes de julio, cuando entró en vigor el decreto del Gobierno". La sentencia concierne en este caso a los 55.000 funcionarios de la Administración de Justicia en el conjunto del Estado, incluyendo obviamente los más de 7.000 empleados públicos de Justicia en Andalucía. Las relaciones laborales de este personal están reguladas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Gobierno tuvo que modificar para aplicar el recorte sobre sus nóminas. Esta modificación legal se produjo el mismo mes de diciembre, cuando la paga extra ya había sido devengada íntegramente. Por tanto, tal y como destaca la sentencia, el Gobierno simplemente "llegó tarde", por lo que la minoración salarial es "contraria a derecho". "En resumidas cuentas, se trata de una anomalía e ilegal aplicación de las normas por parte de la Administración", destaca la sentencia. CSIF-A asevera que el caso de J.A.R "no será el último", toda vez que "la sentencia es firme y de entrada todos los funcionarios de Justicia de la provincia de Sevilla podrán adherirse a la misma, y a continuación, los del resto del Estado, con reclamaciones individuales que promoverá CSIF". El sindicato considera que el Ministerio de Hacienda "debe tomar buena nota y sentarse de una vez a negociar la devolución de la paga extra, tal y como viene reivindicando CSIF desde hace meses". Asimismo, precisa que la sentencia "llega en vísperas de las nuevas movilizaciones contra el recorte de las pagas extra de los empleados públicos andaluces para 2014, que lideradas por CSIF-A vuelven a repetirse este miércoles en todas las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía de manera simultánea en todas las provincias". CSIF indica que "siempre se ha opuesto a todos los recortes de los diferentes gobiernos sobre unos empleados públicos que ha visto disminuido su poder adquisitivo en Andalucía casi un 40 por ciento en los últimos cuatro años por los recortes del Gobierno central y los de la Junta de Andalucía". A su juicio, la sentencia dictada en Sevilla, tras denuncia promovida por CSIF, "no hace sino dar la razón" al sindicato "en su lucha contra los recortes desproporcionados, arbitrarios, injustos y discriminatorios a los derechos de los empleados públicos".

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