A mediados de abril el Juzgado de Instrucción número 4 daba por cerrada la investigación del caso más "insólito de nuestra historia criminal", según apuntó el juez en el auto de apertura de juicio oral. El asesinato de Marta del Castillo, cuyo cuerpo sigue sin aparecer, se mandaba a la Oficina del Jurado para enjuiciarlo a los 15 meses de la desaparición de la joven. Hoy, cuatro meses después, el extenso sumario sigue en la Audiencia Provincial a la espera de que de una vez por todas se enfile la recta final hacia el juicio.
Se llegó a hablar de que la vista sería para primavera, pero el caso se enmarañó con nuevas búsquedas tan infructuosas como las primeras. Luego se dijo que para otoño, pero entonces nadie contaba con que se recusara a dos magistrados y se apartase a una sección completa de la Audiencia Provincial. Ahora ya parece definitivo el nombramiento como presidente del tribunal popular del magistrado Javier González Fernández. Él es el presidente de la Sección Séptima de la Audiencia y, salvo una abstención sorpresa o un nuevo giro inesperado en el proceso, será quien tenga que dictar la sentencia más esperada por toda Sevilla. En sus manos, tendrá la decisión, en función del veredicto del jurado, de cuántos años le impondrá a los que sean considerados culpables de la desaparición, muerte y supuesta violación de Marta. Es decir, si Miguel Carcaño, el asesino confeso, es declarado culpable, él impondrá la pena en función de los hechos que se consideren probados durante el juicio.
González es presidente de la Sección Séptima desde el 16 de abril de 2007, fecha en la que se jubiló Antonio Gil Merino, que hasta entonces ocupaba el cargo. No obstante, él ya llevaba varios años formando parte de esta sección de lo Penal.
En los pasillos de los juzgados se le conoce como un hombre serio y duro, poco amigo de las cámaras y los medios de comunicación. Es un juez acostumbrado a hablar por sus sentencias y no a hacer declaraciones en público. Lo demostró cuando se convirtió en uno de los focos del caso Mari Luz. En sus manos había estado el recurso que Santiago del Valle, el presunto asesino de la pequeña, había presentado contra la sentencia que le impuso el entonces titular del Juzgado de lo Penal número 1 Rafael Tirado. González tardó tres años en confirmar la sentencia que condenaba a dos años y nueve meses a Del Valle por haber abusado de su propia hija. Una demora excesiva que originó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigara al magistrado para averiguar si existió algún tipo de negligencia por su parte y, por lo tanto, debía asumir la responsabilidad. Sin embargo, González no fue sancionado porque cuando se supo que la sentencia de Del Valle no había sido ejecutada por el Juzgado de lo Penal 1, después de que la Audiencia la confirmara, la posible responsabilidad de González ya había prescrito.
El magistrado declinó entonces cualquier ofrecimiento a hacer declaraciones públicas. Sin embargo, parece que los casos mediáticos le persiguen, muy a su pesar. La Sección Séptima, antes de él ser presidente de la misma, fue la que resolvió los recursos contra la sentencia del bailaor Farruquito. Fueron estos magistrados los que elevaron a tres años de prisión la condena. Pero sin duda, lo peor llega ahora, ya que además de tener que presidir el caso Marta, también será el presidente del conocido caso Camas, juicio por soborno que se celebrará en breve.
Javier González ha sido nombrado presidente del juicio del caso Marta por el orden de asignaciones establecido por la Oficina del Jurado. Aunque en un principio las agencias de comunicación filtraron por error el nombre de Ángel Márquez, lo cierto es que al que le tocaba era González. Su nombramiento se produce después de que la magistrada de la Sección Primera Dolores Sánchez fuera recusada por algunos abogados defensores al considerar que estaba "contaminada" porque había resuelto varios recursos del caso durante la investigación. El siguiente fue otro magistrado de la Sección Primera, Juan Antonio de la Calle, que se abstuvo alegando los motivos por los que su compañera fue apartada. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no sólo aceptó su renuncia, sino que apartó del caso a los otros dos jueces que componen la Sección Primera para evitar nuevas abstenciones.
