Manuel Resa Alcalá es médico de familia en un centro de salud de Antequera. No practica abortos, pero tampoco quiere informar a las embarazadas que preguntan por tal posibilidad ni derivarlas a los colegas que sí interrumpen gestaciones. Le pidió a un juez que le dejara declararse objetor de conciencia en relación a esta labor, ya que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se opuso a sus intenciones. Ahora, un magistrado se ha negado a ello.
"Por determinados motivos éticos, morales y personales entiendo que el aborto es atentar contra un feto humano y yo no quiero participar ni formar parte de ninguna fase de este proceso", explicó el sanitario. Nada más aprobarse la polémica Ley de Salud Sexual Reproductiva, el facultativo se declaró objetor de conciencia. Eso ocurrió en noviembre, pero sus superiores no estaban de acuerdo. Y se lo hicieron saber. La Gerencia del Área Sanitaria Norte de Málaga emitió una resolución el 18 de diciembre de 2011 recordando al galeno que "el derecho a la objeción de conciencia sólo ampara a los profesionales directamente implicados en la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)", menciona en su auto el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga, el celebérrimo Óscar Pérez Corrales, segundo instructor de Malaya.
Cuando supo de la decisión del SAS, el médico acudió a los tribunales que, de momento, le han quitado la razón, aunque cabe recurso contra el auto. Ni siquiera hay una sentencia firme, ya que se trata de una demanda de protección de derechos fundamentales
El origen de todo está en una instrucción de la Dirección General de Asistencia Sanitaria relativa al proceso de información y derivación de las mujeres. El escrito aclaraba que en esas tareas "la ley no prevé el derecho a la objeción de conciencia". Según la Junta, la normativa no ampara a Resa. El galeno pide, a través de su abogado, que se suspenda cautelarmente esa instrucción, pese a que la Junta defiende que solo es una nota informativa.
La persona tiene derecho a formar su conciencia sobre un determinado aspecto, sin que pueda ser coaccionada por ello. Según reflexiona el togado, "ello no supone que el derecho a la formación de la conciencia implique el derecho a exigir la supresión de todo tipo de factores externos que sean susceptibles de condicionarlo". El magistrado le recuerda al recurrente su condición de empleado público y la obligación que tiene el Estado de permitir la libertad de conciencia de todos los ciudadanos. Sí pueden considerarse objetores los que practican abortos, pero no los que informan a una embarazada sobre las posibilidades.
El facultativo recurrirá y suma apoyos
"Vi vulnerado mi derecho a la libertad ideológica, recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que decidí que tal situación fuera valorada judicialmente", asegura el médico afectado. «Puedo recurrir y así lo haré», confirma Resa. Ha coordinado en toda la comarca las peticiones de sus compañeros interesados en hacerse objetores: "Somos veinte profesionales los que nos mostramos contrarios a participar en ninguna fase de este proceso. Como médico de familia no realizo el aborto pero mis principios éticos me impiden participar en ninguna fase", apostilla.