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Un juez pone al Ayuntamiento la mayor multa de España por las botellonas

Una vecina de la Ronda de Capuchinos recibirá 24.000 euros por las molestias que ha soportado durante tres años por las botellonas. Un juzgado de Sevilla ha condenado al Ayuntamiento a abonar dicha cantidad, la más alta impuesta hasta ahora en España. La sentencia es recurrible.

el 15 sep 2009 / 05:41 h.

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Una vecina de la Ronda de Capuchinos recibirá 24.000 euros por las molestias que ha soportado durante tres años por las botellonas. Un juzgado de Sevilla ha condenado al Ayuntamiento a abonar dicha cantidad, la más alta impuesta hasta ahora en España. La sentencia es recurrible.

Los tres años de sufrimiento que esta vecina asegura que ha sufrido, se van a ver compensados con los 24.000 euros que el Ayuntamiento de Sevilla deberá abonar, tras ser condenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5. Según la sentencia, la mujer tiene que ser indemnizada por las molestias que le causó durante tres años una "botellona" juvenil bajo su ventana, ya que, el Consistorio no actuó pese a su "evidencia y reiteración".

El fallo judicial, contra el que cabe recurso, puede ser calificado de ejemplar porque se trata de la mayor indemnización concedida hasta ahora en España por este tipo de problemas, según ha explicado el abogado de la demandante, Joaquín Herrera, de la Asociación de Juristas contra el Ruido. Más aún, cuando tiene en cuenta "la depreciación de un 128% en el valor de su piso".

El Juzgado de lo Contencioso 5 de Sevilla entiende que el Ayuntamiento incurrió en una dejación de funciones por no actuar pese a las reiteradas denuncias y llamadas a la Policía de los vecinos y pese a tener el "amparo legal" para hacerlo.

La vecina, residente en la Ronda de Capuchinos, sufrió al menos durante los años 2004, 2005 y parte de 2006 la presencia de dos discotecas y de una "botellona" en la calle, donde la propia Policía Local llegó a contabilizar a 750 personas, muchas de ellas haciendo ruido a menos de un metro de su dormitorio.

La sentencia, a la que tuvo acceso Efe, hace un relato dramático de la situación creada por los "gritos, reyertas, coches-discoteca, vomitonas, olor a orines y gran cantidad de botellas y bolsas en el suelo" hasta las cuatro de la madrugada y, "en el caso de los más recalcitrantes, hasta las siete" desde el jueves al sábado de todas las semanas.

La sentencia recoge además que a las siete de la mañana Lipasam empezaba a recoger las botellas que quedaban por el suelo y "producía más ruidos que los jóvenes, pues en vez de limitarse a recogerlas las rompía en el acerado con mazas de madera para luego absorberlas".

La juez considera que la demandante padeció un daño moral doble, pues junto a la vulneración de su intimidad sufrió "la impotencia de ver que las fuerzas del orden, que tienen el deber de velar por su integridad física, no ponían fin a la agresión de que estaba siendo objeto, pese a su evidencia y reiteración".

En este sentido, la sentencia afirma que, pese a las numerosas denuncias vecinales, con corte de calles y convocatorias a la prensa, la Policía Local apenas llegó a montar en la calle "un servicio de control de la movida, pero con órdenes expresas de no disolver a los jóvenes que se agolpaban a escasos metros de la vivienda de la demandante".

En el juicio, el Ayuntamiento alegó que, antes de la Ley Antibotellón de 2006, carecía de mecanismos para actuar, pero la juez responde que debería haberlo hecho en virtud de su propia Ordenanza de Ruidos, la Ley del Ruido estatal y la Ley de Bases de Régimen Local.

En lugar de actuar contra quienes producían "una contaminación acústica intolerable", el Ayuntamiento elaboró unas "propuestas para una movida menos molesta" que "despreció" los derechos fundamentales de los ciudadanos a la salud, el medio ambiente o la intimidad del domicilio al "ponerlos a la misma altura que el derecho al ocio", prosigue la sentencia.

La afectada recibirá 24.000 euros por el mal funcionamiento del servicio público, en una indemnización que tiene en cuenta, la depreciación de un 128% en el valor de su vivienda, pues socialmente se sabe que está "sometida a una contaminación acústica intolerable".

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