Un juez ha otorgado la guarda y custodia de una niña de dos años a su padre español porque la madre de la menor, de nacionalidad rumana, se la llevó a su país en agosto pasado y todavía no la ha devuelto a España, haciendo un uso "abusivo y fraudulento" del permiso judicial que obtuvo.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, recoge que la madre no ha regresado a España "alegando unos problemas burocráticos que en absoluto han resultado justificados" y asegura que todos sus movimientos, incluido un primer traslado a Alicante por motivos laborales, se han hecho "no en beneficio de la menor, sino para que fuera perdiendo progresivamente contacto con su progenitor".
Según ha explicado a Efe el abogado sevillano Manuel Pérez Peña, el padre, F.J.D.N., y la ciudadana rumana C.L.V. mantuvieron en Valverde del Camino (Huelva) una relación sentimental de corta duración, como consecuencia de la cual nació una niña en enero de 2007.
Tras la separación, la madre logró la custodia de la niña y en abril de 2008 obtuvo permiso judicial para instalarse en Elche (Alicante) por motivos laborales, y luego para viajar a Rumanía en agosto de ese año.
Concluido el mes de vacaciones, la madre no regresó a España y entabló en su país una demanda para conseguir la tutela de su hija sin informar de la causa abierta en España y, a su vez, "ocultando deliberadamente" al tribunal español la demanda presentada en Rumanía.
La sentencia considera que la madre ha hecho un "ejercicio abusivo y fraudulento de las autorizaciones concedidas, que no sido utilizadas en beneficio de la menor sino con la exclusiva finalidad de que fuera perdiendo progresivamente contacto con su progenitor".
Además, le reprocha haber engañado al juez español, pues aportó unos billetes de ida y vuelta a Rumanía que luego no utilizó y que "fueron adquiridos única y exclusivamente con la finalidad de obtener la autorización de salida".
Una vez en Rumanía, alegó "problemas burocráticos" para no regresar y no utilizó un salvoconducto que le ofreció la embajada española, con lo que "evidenció que su voluntad real es permanecer en Rumanía y no regresar a España", según el juez.
Dice la sentencia que todos estos actos de la madre "menoscaban conscientemente" el derecho de su hija a convivir con su padre, lo que "hace dudar que sea el progenitor más adecuado para ostentar la guarda y custodia".
A su vez, el padre, según los psicólogos de los juzgados, es "idóneo" y tiene un entorno familiar y social "adecuado", por lo que la sentencia le entrega la guarda y custodia de la niña, con la obligación de la madre de pagar una pensión de 100 euros al mes y el establecimiento de un régimen de visitas los fines se semana alternos.
La entrega de la niña al padre fue apoyada por la Fiscalía, que entendió que residir en Rumanía es "perjudicial" para ella, pues "ha nacido y tiene arraigo social y familiar en España", mientras que su madre "ha utilizado al órgano judicial fraudulentamente como un mecanismo para sacar a la menor de España".
