Los seguimientos al número dos de Aguirre, Ignacio González, podrían ser constitutivos de delito. Así al menos lo estima el magistrado de Madrid que instruye el caso, que ya ha abierto diligencias previas por posible revelación de secretos.
En un auto, el juez de instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, motiva la apertura de la investigación de los hechos publicados por el diario El País. El periódico destapó la pasada semana que el vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, ha podido ser objeto de "distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante una serie de viajes públicos y privados" por las vigilancias que sufrió en Cartagena de Indias (Colombia) y Johannesburgo en 2008.
Con carácter previo a ordenar diligencias de investigación, el magistrado dio un plazo de cinco días al secretario general del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria Bolívar, para que manifieste ante el juzgado "el carácter de su intervención" al ser la persona que interpuso el pasado martes la denuncia de la comunidad ante un juzgado de guardia de Plaza de Castilla. También le emplaza a aclarar si lo hace "únicamente en razón de su cargo en nombre de la Comunidad de Madrid, o igualmente en nombre y representación de la persona agraviada, a los efectos de lo establecido en el artículo 201 del Código Penal". La citada denuncia se basa en supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. El magistrado dará ahora traslado a la Fiscalía de Madrid para que se pronuncie sobre si remite o no las indagaciones realizadas.
Mientras tanto, El País continuó ayer revelando detalles sobre la supuesta trama de espionaje. Según el diario, el equipo de espías requisó un dossier comprometedor para el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. El informe incluía informaciones sobre el patrimonio de Granados y de su esposa e intentaba vincular al consejero con empresas constructoras. Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior confirmó ayer que comparecerá esta semana en la comisión extraordinaria del ramo de la Asamblea de Madrid para explicar la supuesta trama de espionaje presuntamente dependiente de su Consejería.
La Diputación permanente del Parlamento regional así lo ha decidido, a pesar de que el Gobierno regional ha negado la existencia de la red de espionaje y ha amenazado con acciones legales contra El País por "fabricar una gran mentira".
Mientras tanto, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, continúa con la investigación que le ha encargado el líder del partido, Mariano Rajoy, en el marco de la cual se reunió ayer con el vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo. Es el quinto cargo implicado en los supuestos seguimientos de la trama de espionaje con el que se reúne De Cospedal, que ya durante la semana se entrevistó personalmente en la sede del partido con la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y con Granados.
Después, la número dos de los populares mantuvo contactos con el vicepresidente madrileño, Ignacio González, y con el ex consejero Alfredo Prada, hoy incluido en la dirección nacional del PP.
Contra el periódico. En estas circunstancias, el secretario de comunicación del PP de Madrid y consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, arremetió ayer nuevamente contra El País y deseó que la Fiscalía aclare cuanto antes los seguimientos a González. A su juicio, el diario "ha ido construyendo una gigantesca mentira a lo largo de los últimos días, empezando por la portada con la que abrió el periódico el lunes pasado acusando a la Comunidad de Madrid de tener una red de espionaje".
