Un juez de Almería dio ayer un duro varapalo a la Junta y el Ayuntamiento de Carboneras por su actuación en la construcción del hotel El Algarrobico, en una playa de Cabo de Gata. La sentencia obliga a la Administración local a declarar nula la licencia de obras del hotel.
Con fecha 5 de septiembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería obliga al Ayuntamiento a anular la licencia de obras que concedió en enero de 2003 a la empresa Azata del Sol por considerar que ésta incurre en una "infracción urbanística muy grave, pues la construcción afecta a suelo no urbanizable de especial protección". En su fallo, el juez Jesús Rivera Fernández urge además a la Fiscalía a analizar los indicios de "delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio" que él observa en la actuación de Junta y Ayuntamiento, que dirige el socialista Cristóbal Fernández.
De hecho, el magistrado ordena remitir el recurso íntegro al Ministerio Fiscal para que, "a falta de una más depurada calificación", aclare si se han producido esos delitos. Las argumentaciones del juez -que los ecologistas consideran que superan incluso los planteamientos que ellos hacían en su denuncia inicial- son prolijas en adjetivos y valoraciones de la actuaciones de las de administraciones, que a su juicio han pecado de "abulia y desidia" en la "defensa del interés general en cuanto al respeto de la normativa de costas y de medio ambiente". En el caso de la Junta llega a tildar de "burda maniobra" la modificación "de hecho" de la planimetría del Plan de Ordenación del Cabo de Gata-Níjar.
Y es que el juez considera probado que el sector sobre el que se alza el hotel estaba catalogado en dicho plan como zona C1, de manera que figuraba como protegido, si bien la Junta "modificó la planimetría" e incluyó el paraje como zona D2, referida a áreas urbanizables, para "de forma clamorosamente contraria" a la Ley "adaptar" el PORN a las Normas Subsidiarias de Carboneras. Mediante "tan reprochables métodos", dice la sentencia, la Administración andaluza "no solamente no ejercitó sus potestades y facultades en defensa del medio ambiente" sino que "orilló" la aplicación de las limitaciones de usos que imponía el Plan de Ordenación para esta zona al modificar por la vía de hecho un plan aprobado oficialmente.
La acusación formulada contra las administraciones de amparar la construcción del complejo en afecta tanto al incumplimiento del plan de ordenación de Cabo de Gata como a la Ley de Costas, que fijó para El Algarrobico una franja de servidumbre de protección de 100 metros y no de 20 como defendía el consistorio ni de 50 como sostuvo durante la Junta. La corporación local "tenía perfecto conocimiento hace ya 20 años" de que la servidumbre era de cien metros y no cumplió, dice el juez, con el mandato de adaptar el Plan Parcial a la normativa.
"Pero si el Ayuntamiento no cumplió con el mandato legal, tampoco lo hizo la Junta", agrega sobre este punto el fallo del juez almeriense, que añade que la Administración andaluza "mostró una actitud pasiva y condescendiente con las infracciones contra la normativa sectorial de Costas, permitiendo" que se iniciase la construcción del hotel.
"Nos da la razón". Contra la sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Frente al regocijo de los ecologistas, el Ayuntamiento ya anunció que agotaría tal vía para recurrir mientras que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, defendió que el fallo se pronuncia en el mismo sentido en el que trabaja el Gobierno andaluz. "Nos da la razón", dijo. La Consejería de Medio Ambiente aprobó recientemente un nuevo plan de ordenación de Cabo de Gata que cambia la calificación del suelo donde está el hotel. Según Chaves, todo lo que "ayude a acelerar y facilite el derribo del edificio del Algarrobico coincide con la Junta".
