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Un juicio contra el racismo

La Audiencia Provincial de Huelva acoge el juicio por los incidentes racistas contra la comunidad gitana que tuvieron lugar Cortegana hace tres años. En la vista oral los acusados negaron los hechos.

el 15 sep 2009 / 02:33 h.

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La Audiencia Provincial de Huelva acoge desde ayer el juicio por los incidentes racistas contra la comunidad gitana que tuvieron lugar Cortegana hace tres años. Ayer, en la vista oral, doce de los trece acusados, entre ellos el alcalde, negaron su participación en los hechos.

Los altercados que ocupan hoy este tribunal sucedieron el 16 de enero de 2005 en la corteganesa barriada de Las Eritas, cuando una manifestación en protesta por la muerte de un vecino llamado Mateo Vázquez, acabó con unos incidentes en los que unos alborotadores atacaron viviendas habitadas por gitanos.

Unos 50 agentes antidisturbios y de Caballería de la Policía Nacional se encontraban ayer en la puerta de la Audiencia Provincial de Huelva ante el inicio del juicio. Tanta seguridad por la afluencia masiva de personas y la incomparecencia inicial de dos de los acusados, retrasaron la vista dos horas, prevista a las 10.00.

En su declaración, el alcalde de Cortegana, Antonio Marín, argumentó que la manifestación de 2005 se organizó debido a "la preocupación por el clima de inseguridad que había tras el asesinato de Mateo, pero no iba dirigida contra nadie en concreto" y señaló que para su desarrollo se remitió un fax a la Subdelegación del Gobierno en Huelva, "que dijo que había tomado las medidas oportunas", precisando que el consistorio "no se creyó necesario pedir medidas excepcionales".

"En un primer momento pensé que era una confusión, pero cuando me enteré de que iban a esta barriada comencé a preocuparme", dijo Marín. Tan sólo un acusado, S.C, confesó haber tirado piedras contra un vehículo, aunque en un primer momento lo negó. Dijo arrepentirse de los hechos porque no

tiene "nada en contra de estas personas".

El presidente de la Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez, expresó su deseo de que el juicio finalice con una sentencia "ejemplarizante". "Lo importante no es el castigo sino que la sociedad tome conciencia de la causa", dice Ramírez. No cree que el alcalde sea responsable moral de lo ocurrido, pero sí formal "por no haber puesto todos los medios necesarios" y para que los gitanos no se sintieran "como conejos en una madriguera".

Manuel García Rondón, secretario general de Unión Romaní, piensa que ésta "no es una cuestión económica, sino moral pues el día de los hechos "el pánico embargaba al colectivo gitano de la localidad". Las acusaciones que pesan sobre los individuos se relacionan con delitos de desórdenes públicos y otro continuado de daños, por los que la Fiscalía pide nueve meses de prisión y una multa por 18 meses, a razón de seis euros por cada día.

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