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Un jurado popular en la ética médica

Arrancan en septiembre los comités andaluces de bioética donde ciudadanos de a pie tendrán voz y voto

el 06 ago 2011 / 17:34 h.

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El caso de la granadina Inmaculada Echevarría marcó un antes y un después en la ética sanitaria andaluza. / EFE

Ginés Parra, almeriense, profesor de matemáticas y director de un instituto. Será una de las voces que tomarán partido en los comités de ética sanitaria creados por la Consejería de Salud para tratar sobre los conflictos médicos que, a menudo, enfrentan la asistencia sanitaria con los derechos de los ciudadanos.

Los andaluces tienen, gracias a esta medida pionera en España, un espacio para el debate de asuntos tan complejos y a la vez perentorios como la muerte digna, la asistencia en la fase final de la vida o la declaración de la voluntad vital anticipada. "No nos damos cuenta de la importancia de estos temas hasta que no tenemos un problema cercano que nos atañe directamente", dice Parra.

Él se presentó de forma voluntaria para contribuir con su opinión al debate. No tiene relación directamente profesional con el mundo sanitario pero sí le viene por distintas vertientes su interés: su esposa y su hijo trabajan en la sanidad y el instituto que dirige imparte módulos de educación media y superior en Salud. "Desde siempre me llamó la atención la ética sanitaria por la dificultad que entraña en la toma de decisiones de los profesionales de cara a salvaguardar los derechos de los pacientes". Sus expectativas son altas y emana entusiasmo al hablar de la primera reunión de su comité el próximo 22 de septiembre. Antes, Parra y los demás participantes recibirán cursos de formación para familiarizarse con las leyes.

Los comités de ética asistencial están formados por ciudadanos de muy distinta índole. Hay desde amas de casa y profesores de institutos y universidad hasta agricultores y policías locales, "todos ellos mostrando un gran entusiasmo desde el principio". La selección de los miembros se ha hecho por sorteo sobre las bases de datos de los centros de salud de toda Andalucía. Los requisitos eran sencillos: personas mayores de edad, con buena comprensión lectora, que no fueran profesionales del Derecho o la Sanidad y que no participaran activamente en ninguna confesión o asociación religiosa. Además, tenían que pasar una entrevista en la que, según Carretero, "lo que más se valoraba era que fueran personas prudentes en sus valores".

En total son 370 personas distribuidas en 19 comités las que han sido seleccionadas como representación de la sociedad para mostrar sus posturas personales desde la base de la empatía y sin influencia legal o sanitaria. Ello dará una visión fundamental al desarrollo de los valores en la asistencia. Rafael Carretero, subdirector de Investigación y gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud, asegura que ya se practicaban sesiones de este tipo con ciudadanos desvinculados del ámbito sanitario en otros países y también en otras comunidades.

Sin embargo, Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en adaptar la normativa estatal a la regulación de los órganos de ética asistencial y de investigación biomédica. "Lo que se ha hecho de forma pionera es llevar al plano legal la participación ciudadana", apunta Carretero.

Esta iniciativa se enmarca en la Estrategia de Bioética 2011-2014 del Sistema Sanitario Público de Andalucía, un plan que trata de reforzar las líneas fundamentales de los valores éticos en los centros sanitarios para dar respuesta a los conflictos que puedan derivarse del choque de derechos humanos. Pretende, asimismo, que los pacientes cuenten con la información necesaria en el momento de tomar decisiones difíciles y también dotar de cobertura y respaldo moral a lo profesionales sanitarios.

Además, según el investigador de la Junta, la nueva Estrategia de Bioética quiere incidir en "un modelo de decisiones compartidas; hemos pasado de un sistema paternalista en el que el sanitario era quien imponía los procedimientos a un panorama en el que los pacientes también deciden y son responsables en la toma de decisiones que competen a su estado de salud".

Cien medidas de estímulo para la deontología

No solo la promoción de la participación ciudadana en los comités de ética asistencial, sino también el impulso de la formación biomédica a los sanitarios, la mejora de la información a los usuarios. Son otras de las líneas fundamentales del cuerpo de cien medidas que compone la Estrategia de Bioética de Andalucía 2011-2014. Para Rafael Carretero, también autor de este plan estratégico, se trata de un “hito en la presentación de un plan de calidad que pretende caminar hacia la excelencia en la investigación biomédica”. El documento recoge todo un amplio marco ético y legal del que parte la aplicación de las medidas. Entre las más destacadas, se encuentra la mejora de la accesibilidad de los pacientes y los profesionales a la voluntad vital anticipada, de modo que se está trabajando en un nuevo decreto que hará que los historiales clínicos incluyan este testamento vital con la obligación de ser consultado por el sanitario. Carretero también destaca la actualización de los formularios de consentimientos informados, esto es, se unificará en todos los centros andaluces el listado de intervenciones que se consideran de riesgo y que necesitan por tanto la firma del paciente, “un aspecto crucial”, para el investigador. Por otro lado, se incluye todo un bagaje de iniciativas creadas con el fin de ofrecer una cada vez mayor información al ciudadano sobre los derechos, deberes y garantías que tiene como paciente por ejemplo en relación a la ley que regula la dignidad de las personas en el proceso de la muerte. Asimismo, el marco ético apuesta por la información sobre salud sexual y reproductiva, la elaboración de un catálogo de buenas prácticas en bioética para los profesionales, así como la elaboración de protocolos de orientación y seminarios especializados sobre cómo ejercer correctamente la objeción de conciencia. Por último, se contempla el estudio Cómo mueren los andaluces que estará disponible en septiembre y cuyos primeros resultados apuntan que el 60% de los mueren en los hospitales y que 9 de cada 10 andaluces están de acuerdo en que se administren los calmantes en la etapa final de la vida.

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