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Un jurado popular juzgará a los guardias civiles acusados de pedir dinero en la aduana

La Audiencia Provincial de Málaga se ha declarado incompetente y entiende que un jurado popular debe encangarse del caso.

el 17 ene 2011 / 18:55 h.

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El Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de  Málaga que iba a juzgar este lunes a 17 guardias civiles que  prestaban servicio en el aeropuerto de la capital acusados de pedir  dinero a pasajeros extranjeros a cambio de poder pasar el equipaje se  ha declarado incompetente y entiende que el caso debe ser juzgado por  un jurado popular, por lo que la vista se ha suspendido.

Así, tras deliberar, el Tribunal ha aceptado la cuestión previa  presentada por una de las defensas que lleva a varios de los agentes  procesados sobre la falta de competencia de la Sala en función de los  delitos por los que se acusa y ha dispuesto que la causa vuelva al  juzgado instructor para que se tramite según el procedimiento de la  Ley del Jurado.

La Unidad Central Operativa de la Dirección General de la Guardia  Civil supo en 2005 que algunos de los componentes del cuerpo  destinados en la sección fiscal del aeropuerto malagueño pedían a los  viajeros dinero para no retenerles ciertas pertenencias, explicaba la  acusación pública, que pedía en su escrito inicial la suspensión de  empleo o cargo público en todos los casos.

En esta línea, el ministerio fiscal apuntaba que los  investigadores tuvieron conocimiento de que incluso por parte de la  comunidad china afincada en la Costa del Sol se advertía a sus  familiares que cuando viajaran a Málaga trajeran en la mano un  billete de 50 euros para evitar problemas. En esta causa, también  está acusado un hombre de origen chino por cohecho.

En noviembre de 2005, un familiar de un pasajero denunció los  hechos. Tras eso, se pidió autorización judicial para desviar la  señal de una cámara, ubicada en una cinta de la terminal, e instalar  otra en una oficina de la aduana, donde presuntamente se pedía y  entregaba el dinero. En las conclusiones provisionales, se detallaban  varias peticiones entre el 20 de enero y el 8 de febrero de 2006.

Según el escrito inicial del fiscal, al que tuvo acceso Europa  Press, presuntamente los agentes requirieron dinero por dejar pasar  equipajes, alimentos sin que hubiera una prohibición expresa por la  ley, pero también comida que no podía ser libremente importada, ropa,  dinero y, en un caso, un ordenador con el pretexto de que la aduana  estaba cerrada.

Inicialmente, la Fiscalía malagueña acusa a 11 agentes por un  delito de cohecho, por el que pide para cada uno la suspensión de  empleo o cargo público durante tres años y multa que depende de los  casos. Por contra, a otros seis guardias civiles se les acusa por  delito continuado de cohecho, solicitando tres años y nueve meses de  suspensión y multa.

De estos seis, en cuatro casos el ministerio fiscal incluye en su  escrito provisional la calificación alternativa por un delito de  omisión del deber de perseguir delitos, por el que solicita para cada  uno dos años de inhabilitación especial para guardia civil o cargo  análogo, y por otro de cohecho, por el que pide suspensión por tres  años y multa.

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