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Un juzgado archiva la causa contra los controladores del aeropuerto por su baja masiva en 2010

el 04 oct 2011 / 13:28 h.

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El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha archivado las  denuncias que varios particulares interpusieron contra los  controladores aéreos del aeropuerto de San Pablo que no acudieron a  sus puestos de trabajo durante el conflicto aéreo que tuvo lugar en  el puente de la Constitución de 2010 y que supuso el cierre del  espacio aéreo español y la declaración del estado de alarma.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el juez  instructor ha decidido archivar todas las denuncias presentadas  contra los controladores. Hay que recordar que la Fiscalía hispalense  decidió abrir diligencias de investigación por la baja masiva de  controladores aéreos en el aeropuerto, todo ello al objeto de  determinar si los controladores pudieron incurrir en un delito de  abandono de servicio público.  

El Ministerio Público abrió estas diligencias de investigación  después de que la Fiscalía Superior de Andalucía se inhibiera en  favor de la Fiscalía hispalense. No obstante, el día 23 de diciembre  de 2010 decidió trasladar la investigación iniciada el 15 de  diciembre al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, todo ello  debido a que varios particulares afectados por esta baja de  controladores aéreos habían presentado previamente las respectivas  denuncias ante este juzgado.  

En este sentido, y según han recordado las mismas fuentes  consultadas por Europa Press, el propio fiscal superior de Andalucía,  Jesús García Calderón, ya informó de que el informe realizado por la  Policía Judicial acerca del paro de los controladores señala que las  incidencias "significativas" se registraron, "solamente", en los  aeropuertos San Pablo de Sevilla y Pablo Ruiz Picasso de Málaga.  

EL CASO DE MALAGA

En el caso de Málaga, el Juzgado de Instrucción número 6 ya  archivó la causa abierta a instancias de la Fiscalía contra 14  controladores del aeropuerto malagueño, quienes alegaron problemas de  salud para ausentarse o no acudir al puesto del trabajo. Ante esto,  el juzgado encargado de la causa citó a todos los médicos que los  atendieron, confirmando que se trataba de bajas justificadas al  encontrarse enfermos.  

Inicialmente, la Fiscalía de Málaga citó a declarar durante los  pasados meses de diciembre y enero a los 14 controladores, que, sin  embargo, no quisieron responder a las preguntas planteadas por el  ministerio público. Tras concluir las diligencias de investigación,  la Fiscalía de Málaga interpuso el pasado 25 de enero una denuncia  contra estos 14 controladores aéreos, que posteriormente fue  archivada.  

La Fiscalía sostenía que podría tratarse de un delito previsto en  el artículo 409 del Código Penal, que se refiere a "las autoridades o  funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizasen el  abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público".  En este caso, se prevé multa de ocho a 12 meses y suspensión de  empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Asimismo, en un segundo apartado de dicho artículo se habla de  "las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte  en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio  público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad",  para los que se fija una pena de multa, que oscila entre los ocho y  los 12 meses.

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