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Un millón de andaluces viven en municipios con un riesgo

Los últimos cinco años consecutivos de sequía en Andalucía han hecho desaparecer el miedo a sufrir una inundación, pero la realidad es muy distinta: 1,2 millones de andaluces residen en casi un centenar de municipios con un riesgo "grave" o "muy grave" de sufrir uno de estos fenómenos naturales.

el 16 sep 2009 / 03:33 h.

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Los últimos cinco años consecutivos de sequía en Andalucía han hecho desaparecer el miedo a sufrir una inundación, pero la realidad es muy distinta: 1,2 millones de andaluces residen en casi un centenar de municipios con un riesgo "grave" o "muy grave" de sufrir uno de estos fenómenos naturales.

Nada apunta a que una desgracia esté a la vuelta de la esquina, pero las desgracias no avisan: Andalucía ya tiene cicatrices, y algunas profundas, en cuanto a inundaciones, pero esto no ha cambiado muchas cosas: según un estudio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) algo más de 1,2 millones de andaluces vive en un municipio con un riesgo "grave" o "muy grave" de sufrir una inundación.

Son 94 términos municipales. 19 de ellos en la provincia de Sevilla. Y lo que es peor aún: muchos de los núcleos que en los últimos años han sufrido riadas históricas están en la lista (Écija, Alcalá de Guadaíra...). En Andalucía hay incluso dos capitales de provincia: Jaén, en riesgo "muy grave", y Córdoba, en riesgo "grave", según la Confederación.

No existe un perfil de estos núcleos según su población: en la lista hay desde mayores de 20.000 habitantes (Palma del Río, en Córdoba; Loja y Guadix, en Granada; Andújar, en Jaén; Écija, Camas, Morón y Alcalá de Guadaíra, en Sevilla; o Almonte, en Huelva), hasta otros en los que residen menos de 2.000 personas (Palenciana, en Córdoba; Escúzar, en Granada; o Almadén de la Plata, en Sevilla).

En Andalucía hay en total 46 municipios que se encuentran en riesgo "muy grave" (en los que viven 536.486 personas) mientras que en otros 48 están la situación es "grave" (y en ellos residen 676.264 personas).

La situación afecta a uno de cada seis sevillanos de la provincia. Las causas: el déficit de infraestructuras hidráulicas en torno a los cauces de los ríos y la carencia de sentido urbanístico en los municipios. Esto último ha provocado que se edifique en zonas de gran riesgo para lo población.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realiza en su estudio hasta cinco tipos de inundaciones características en la cuenca del principal río de Andalucía. Los tres primeros son las inundaciones de tipo local causadas por fuertes precipitaciones; las causadas por avenidas intensas en arroyos; las vinculadas a cursos secundarios que presentan cauces y llanuras de inundación bien definidas

Los dos tipos restantes son las relacionadas con los cursos principales de los ríos (el Guadalquivir y Genil) y por último las que están provocadas por deslizamientos de tierras o por accidentes en presas u otras infraestructuras.

De las cinco, la acción destructora de las últimas se está resolviendo con obras de infraestructura, mientras que la segunda y la tercera no son las que tienen una mayor acción destructiva. Éstas son las asociadas al primer tipo, que constituyen las que más preocupan a la Confederación puesto que "son completamente naturales y de difícil control y se ven agravadas por la acción antrópica: impermeabilización del suelo por proliferación de urbanizaciones u obstaculización de los cauces por invasión de las mismas", según detalla el documento de la CHG previo a la elaboración del Plan Hidrológico.

Éste será aprobado el próximo año y será el que determine el marco de acciones que deberá aplicarse en la cuenca, que es competencia de la Junta desde su traspaso efectivo el 1 de enero de este año.

El Acuerdo Andaluz por el Agua, aprobado en febrero, ya fijó que en "el plazo de cuatro años, la administración culminará la delimitación de las zonas inundables y establecerá las medidas a tomar para evitar la ocupación de cauces".

El anteproyecto de la Ley de Aguas dedica un capítulo completo a este tema y establece que se elaborarán mapas de riesgo de inundaciones en la región.

Tanto el acuerdo como la ley recogen el espíritu de la Directiva 2007/60 de la UE sobre inundaciones, que obliga a los países miembros a tomar medidas para evitar catástrofes por este motivo.

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