Toda obra humana debe ser considerada y analizada en relación con el momento histórico y las circunstancias concretas en que nació, lo que no impide que el transcurso del tiempo proporcione nuevas perspectivas para su estudio. Esto esta sucediendo con la Transición política española que, de ser considerada como modélica por cuanto supuso el transito pacifico y consensuado de una dictadura a una democracia, esta siendo cuestionada en la actualidad ante la presencia y persistencia de algunos problemas, que parecían haber quedado superados y resueltos por la Constitución de 1.978.
No obstante algunas circunstancias políticas y sociales de aquel momento, como la existencia de "poderes facticos" claramente antidemocráticos, como lo demostró la intentona golpista del 23-F, los constituyentes consensuaron un texto constitucional que por primera vez en nuestra conflictiva história politica fue aceptado por la mayoria y ha posibilitado un largo periodo de convivencia democrática entre los españoles.
La CE resolvió, en aquel momento, los problemas tradicionales que en el último siglo y medio habián enfrentado a los españoles: la "cuestión monarquica", la organización territorial del Estado, su laicidad y relaciones con la Iglesia Católica y además estableció un sistema de libertades y derechos de inmediata y directa eficacia normativa hasta entonces desconocido en nuestra convivencia civil y eliminó la "presencia política" del Ejercito, sometíendolo al Gobierno.
De todos estos problemas, la cuestión territorial sigue estando presente y es objeto de un debate político, con altos índices de preocupación y crispación en algún momento. Y ello obedece a diversas causas. En primer lugar, la Constitución no ofrece un modelo cerrado y definitivo de la distribución territorial del poder político. Su Titutlo VIII, al asumir las tradiciones autonomistas y federalistas de la derecha democrática y de la izquierda sociliasta, reguló sobre todo un procedimiento de acceso a la autonomía, pero no determino de forma clara y definitiva el Estado autonómico.
Si a ello se añade la ambigüedad de algunos de sus preceptos y la profunda carga política del problema, se comprenderá que el debate autonómico sea recurrente y permanente en nuestra vida política. Pero, a pesar de tantas vicisitudes y dificultades es necesario reconocer el acierto de los constituyentes. En estos treinta años se ha construido un Estado descentralizado, cuyas instituciones funcionan aceptablemente; el poder político y administrativo se ha distribuido entre distintas instancias y se ha aproximado a la ciudadanía.
Circunstancias y problemas del momento, como el Plan Ibarretxe y, sobre todo, la financiación autonómica han generado una situación difícil que por su carácter transversal afecta a los Gobiernos central y autonómico; y a los partidos políticos, en cuyo seno han surgido discrepancias y contradicciones difíciles de superar. La falta de un acuerdo podría tener nefastas consecuencias en especial para el Gobierno y para el partido que lo sustenta.
Antonio Ojeda Escobar es notario.
