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Un pacto histórico andaluz

El Pacto por la Vivienda que ayer firmó el presidente Chaves con municipios, agentes sociales y entidades financieras que operan en Andalucía, supone un avance histórico en la dura batalla por mitigar el grave problema de aquellos andaluces que no pueden acceder a un piso.

el 14 sep 2009 / 21:29 h.

El Pacto por la Vivienda que ayer firmó el presidente Chaves con municipios, agentes sociales y entidades financieras que operan en Andalucía, supone un avance histórico en la dura batalla por mitigar el grave problema de aquellos andaluces que no pueden acceder a un piso. En primer lugar, porque todos los sectores implicados -incluida la banca privada- han rubricado su firme intención de afrontar el problema. También, porque demuestra que la iniciativa del gobierno andaluz de garantizar una vivienda por ley a las rentas mínimas va más allá de un ejercicio voluntarista, al garantizar la financiación necesaria para ponerla en marcha. El pacto incluye el compromiso de la Junta y las cajas de ahorro de invertir 17.000 millones de euros para edificar 700.000 viviendas en Andalucía en la próxima década, 300.000 de ellas protegidas. El acuerdo también hace un guiño a los empresarios recogiendo una mención genérica a la construcción de viviendas de precio tasado con objeto de dar salida al parque de viviendas que las promotoras tienen paralizadas por el desinfle de la burbuja inmobiliaria.

Será en la programación del pacto de vivienda 2008-2012 donde se defina el número exacto de viviendas que se harán y de qué tipo, así como las reservas de suelo necesarias de acuerdo con las Diputaciones, lo que garantiza un plan ambicioso a la par que realista por su consenso institucional, donde los alcaldes se comprometen a ceder suelo y los sindicatos preservan los empleos en la construcción. El pacto, en ningún caso supondrá la "defunción" del Plan de Ordenación del Territorio (POTA), sino una flexibilización de sus parámetros con la que saldrá fortalecido al adaptarse mejor a los municipios. El pacto, que ve la luz tras arduas negociaciones, avala un derecho recogido en la Constitución y el estatuto de Andalucía, desde ayer, con el esfuerzo de todos.

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