El juicio del caso Malaya se reanuda hoy, aunque bien se podría decir que realmente éste es su inicio, porque las primeras diez sesiones (el pasado mes de octubre) se fueron en analizar las cuestiones previas planteadas por las defensas. Por cierto, todas han sido desestimadas por la Audiencia. Pero el debate de fondo, el de los hechos en los que sobresale Juan Antonio Roca, principal acusado en la trama de corrupción marbellí, se inicia con el análisis de la operación urbanística Crucero Banús, un complicado pelotazo que generó seis millones en beneficios.
La Fiscalía Anticorrupción acusa al ex concejal Pedro Román, a su hija Pilar, a Roca, al abogado Juan Hoffmann y al empresario Florencio San Agapito de blanqueo de capitales y de diversos delitos contra la Hacienda Pública, mientras que la Junta y el Ayuntamiento de Marbella meten también en el saco al ex regidor Julián Muñoz, al constructor José Ávila Rojas y al tasador José Mora. El plenario se iniciará con sus declaraciones para pasar luego a las de los peritos -policías y expertos en Hacienda-, así como a las de diversos testigos citados por las partes, entre ellas, la de la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, cuya comparecencia, no obstante, está a la espera de ser ratificada por el tribunal.
En 2001, el propietario de la parcela se puso en contacto con Hoffmann para que buscara un cliente. Éste a su vez habló con Pedro Román, que había abandonado el consistorio en 1998. El ex concejal reconvertido en promotor dio el visto bueno y, en septiembre de 2001, Lispag AG, sociedad suiza, se hizo con las acciones de Yambali 2000, titular del apetitoso terreno. Poco después se firmó la escritura de compraventa, mientras que Hoffmann rubricó un convenio con el consistorio -que firmó Muñoz- de forma que se aumentaba la edificabilidad de la parcela conforme a la revisión del PGOU de 1998. La venta de las participaciones alcanzó los 4 millones. Los socios de Lispag son los cuatro principales acusados en este bloque. En 2002 vendieron la parcela a Ávila Rojas. La policía tasa en seis millones el beneficio de la compraventa pese a que, aún hoy, las obras siguen paralizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Hoy lo importante es saber qué dirá Roca, ya que, amén de cuestiones relativas a este movimiento inmobiliario, se le harán preguntas generales sobre su posición en el consistorio.
