Una guerra civil no estalla porque sí, y la que urdieron Franco y los suyos no fue fruto de la improvisación, como tampoco su represión. Lo afirma Garzón en su auto, que acredita que el franquismo "tenía un plan de exterminio preconcebido". Los nazis, años después, tuvieron el suyo.
No es la primera vez que se llama la atención sobre el asunto: los franquistas pensaron y repensaron muy bien sus tácticas y movimientos, y no escatimaron medios para combatir al rojo en cualquiera de sus versiones, reales o fundadas. La represión para con la media España que se mantuvo alineada con la legalidad republicana fue tan atroz como certera.
No se llegó a gasear por tandas de cientos, como harían los nazis poco después de que aquí venciesen el caudillo y su dictadura, pero las técnicas de tortura y fusilamiento no le fueron a la zaga. Ahí están las cifras, calientes otra vez e incompletas, sobre la mesa del juez Baltasar Garzón: 114.266 víctimas fichadas por ahora a las que, en cuanto se pueda, desenterrar, identificar y dar sepultura digna.
El juez Garzón, para justificar su competencia en el caso y ponerse al frente de la investigación, invoca un aspecto clave: que el "plan preconcebido de exterminio dilatado en el tiempo" casa con los postulados que se recogen en la clasificación de crímenes de lesa humanidad, un delito que no ha estado activo en España hasta 2004 pero que la comunidad internacional tiene asumido desde las sentencias contra los nazis de Nuremberg en 1946.
Según el artículo 607 del Código Penal, se considera delito de lesa humanidad el ataque generalizado o sistemático contra la población civil "por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".
Las muertes perpetradas se penan con hasta 20 años. Sólo que ninguno de los 35 altos mandos franquistas (Franco el primero) viven ya para responder por tanta tropelía. Por si acaso, el juez ha pedido los certificados de defunción de éstos y de los dirigentes falangistas que hasta 1951 coparon sus parcelas de poder.
Los hechos cometidos a partir del alzamiento constituyen, a su juicio, "actos prohibidos por el derecho de la guerra". La insurreción de Franco "estuvo fuera de toda legalidad y atentó contra la forma de gobierno". Se apoya en una entrevista en la que Franco, el 27 de julio de 1936, aseguraba: "Nosotros luchamos por España. Ellos contra España. Estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio". Después de 72 años, toca pagar... aunque sea desde la tumba.
