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Un queso gruyere

La Justicia es un queso gruyere. Como puede serlo la Educación o la Sanidad. Salvo Hacienda, portería infranqueable, de lo que hemos de alegrarnos pues Hacienda somos todos, cualquier departamento tiene flancos débiles que hablan peor del sistema de lo que merece: un educador pederasta o un cirujano negligente. El problema es que la Justicia sólo enseña boquetes.

el 15 sep 2009 / 03:06 h.

La Justicia es un queso gruyere. Como puede serlo la Educación o la Sanidad. Salvo Hacienda, portería infranqueable, de lo que hemos de alegrarnos pues Hacienda somos todos, cualquier departamento tiene flancos débiles que hablan peor del sistema de lo que merece: un educador pederasta o un cirujano negligente. El problema es que la Justicia sólo enseña boquetes.

Además, la Justicia tiene un problema añadido: que nadie considera que la Justicia, como Hacienda, seamos todos. Cada vez más, parece cosas de jueces, fiscales y abogados. Asunto cuasi privativo de una casta intocable que se pavonea de su corporativismo atroz cuando uno de ellos falla o es pillado en falta, que es menos frecuente que lo primero. La Justicia se ha hecho tan antipática como Hacienda, pero sin que actúe el bálsamo de la solidaridad fiscal, que nos iguala a todos en el esfuerzo y el reparto de riqueza. Para colmo, hace ya años, la Justicia es también el juguetito del poder Legislativo, el instrumento de ataque o salvaguarda de los partidos, que la tienen definitivamente enfangada y desprestigiada, con un Consejo General de Poder Judicial que ya no disimula su actuación de parte y con un Tribunal Constitucional que pide a gritos una sala superior que avale o revise sus decisiones.

Aunque claro, bien pensado, si ese ficticio órgano superior iba a ser elegido de la misma forma que los que ya existen y sus integrantes iban a comportarse con la misma incomprensible filiación partidista, mejor nos ahorramos el esfuerzo y el dinero, que siempre hay tiempo para crear nuevas estructuras que arreglen el problema de las estructuras preexistentes superponiéndose como capas improductivas de funcionarios y electos.

Es fácil responsabilizar a un juez -y otro que se libra de asumir el coste de su negligencia por la prescripción del asunto- de que siguiera en la calle un pederasta que a la postre es el presunto autor del asesinato de la niña Mari Luz. Lógicamente, cada fallo grave tiene prevista su corrección disciplinaria y nadie debe extrañarse: es el funcionamiento habitual en la Administración, el Ejército o en los convenios colectivos de las empresas.

Pero, a la vez, la administración central y la autonómica deberían revisar a fondo sus procedimientos de control, los presupuestos que dedican a esta administración fundamental en un Estado de Derecho y está obligada a reflexionar sobre si las inversiones para la organización funcional de la administración de Justicia y la sustitución de las bajas es la eficaz y la necesaria. Las fotos archiconocidas de los cartapacios acumulados en los suelos de los juzgados aún siguen siendo una realidad en algunos de ellos. Es difícil confiar en que, llegado el turno de ser enjuiciado, tu expediente esté controlado por quien corresponda, en el archivo adecuado y en el plazo previsto por la ley. A la vista de los hechos, las administraciones competentes lo tienen muy difícil para convencernos de que el funcionamiento de la Justicia es el óptimo. Desgraciadamente, sólo casos como el de Mari Luz arrojan luz sobre el hilo de Ariadna que es preciso seguir para hallar correlación entre la realidad y nuestros derechos como justiciables. Ni el CGPJ, ni el ministerio ni la Junta deben pensar que todo concluye empapelando a uno o dos jueces.

A la vez, los jueces no pueden pretender que sus compañeros pillados en negligencias de suma gravedad sean eximidos de la asunción de responsabilidades al grito de la culpa es de la Junta. A cada cual lo que le corresponde. Los jueces investigados o sancionados serán, según sus compañeros, extraordinarios profesionales, pero esta vez han metido la pata y las consecuencias públicas de su error demandan sanciones contundentes. Así es como funcionan las cosas. En esta sociedad ya no hay castas, sino ciudadanos iguales ante la ley; no hay castigos ejemplares, sino procedimientos reglados. Los jueces deberían ser los primeros en saberlo. Las sanciones a los funcionarios negligentes no solventarán el problema, pero al menos eliminarán el insoportable tufo de la pretendida infabilidad impune.

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