El terremoto que vivió el Polígono Sur hace hoy un año, cuando un joven murió de un disparo y decenas de familiares del agresor huyeron para evitar represalias, ha terminado oculto bajo una gruesa capa de calma tensa. El suceso destapó la imposible convivencia de los vecinos con las familias que huyeron, que no estaban integradas y en cuyo entorno proliferaba la droga, pero un año después todo sigue igual. Aunque durante su exilio, que duró meses, se demostró que ocupaban sus pisos ilegalmente, volvieron a entrar echando abajo los muros levantados por la Policía. Los vecinos que vieron con alivio cómo se iban volvieron a recibirlos con temor. Hasta hoy.
En las dos plazoletas que quedaron vacías, los conjuntos 8 y 12 de Luis Ortiz Muñoz, vuelve a haber ropa colgada de las ventanas y vecinos sentados al sol a la puerta de los pisos. Coches abandonados aparcados enfrente, que los vecinos señalan como puntos de venta de droga. Y aguadores, enganchados que vigilan en las esquinas para gritar "¡agua!" si llega la Policía. Cuando estas familias huyeron, la Policía Local retiró los coches, oxidados de estar en el mismo lugar, y enladrilló la puerta de las viviendas. Durante un tiempo, los vecinos dijeron que habían "recuperado las plazas", que podían vivir en ellas. Pero ya no.
"A lo que no hay derecho es a que un año después, la madre de Mariano tenga que coger tres autobuses todos los días para ir a verlo al cementerio mientras ellos siguen aquí tan tranquilos, que se tenga que encontrar a los asesinos de su hijo por la calle", dice enfadada una familiar del joven que recibió el disparo, aunque en voz baja porque el foco de sus iras está a dos pasos. Mariano, de 17 años, recibió una bala perdida de un tiroteo entre drogadictos cuando pasaba con su familia al lado de la pelea, hace hoy un año. Acababa de casarse. Falleció a los dos días en el hospital. Unas 300 personas, un centenar de ellos niños, huyeron del Polígono Sur: eran familiares de los agresores y temían venganza. Pasaron más de cuatro meses en chabolas.
Tras irse, la Junta precintó 41 viviendas que habían dejado vacías y les pidió que demostraran que eran suyas. La mayoría no pudo, porque había adquirido los pisos irregularmente cinco años atrás, con los 42.000 euros que el Ayuntamiento les dio para que se fueran de las chabolas de Los Bermejales donde vivían. No se les hizo ningún seguimiento social. Cinco años después, seguían al margen de todos los programas de inserción del barrio y los vecinos denunciaban que a su alrededor proliferaban las armas y la venta de drogas. Hoy, lo repiten: "Los niños llegan diciendo que llevan pistolas", dice una madre. "Ni trabajan ni limpian, en las plazoletas no se puede entrar". Los residentes se quejan incluso del trabajo de la Policía Autonómica, mucho más presente en el barrio desde aquellos incidentes: "No puede ser que paren a mi hijo tres veces en la misma calle para pedirle el DNI y no hagan nada contra los que venden droga a todas horas, cuando se sabe quiénes son".
La Policía fue la que puso calma en agosto, cuando a los cuatro meses de vagar por la ciudad los chabolistas trataron de volver a sus pisos tirando los tabiques de puertas y ventanas. Fue el momento más tenso: familiares de la víctima salieron a buscarlos y se olió la tragedia. Pero al final, entraron.
El Comisionado para el Polígono Sur denunció el asalto a las casas, pero los juzgados de lo Contencioso aún no han dado respuesta. Fuentes del Comisionado aseguran que en este tiempo se ha trabajado en el plan de seguridad que se pondrá en marcha cuando los juzgados ordenen su expulsión de las viviendas. Pero a los vecinos que han visto cómo en un año no ha cambiado nada, a pesar de las situaciones críticas que han vivido, eso no les vale: "Estábamos así hace un año, y así seguimos. Los buenos se van del barrio y ellos campan a sus anchas. Los que peor lo pasamos somos los que no tenemos dinero para irnos".
