Como un "jarro de agua fría" han recibido en la construcción el nuevo recorte de 571 millones de euros a la inversión pública que la Junta anunció el martes para cumplir con el objetivo de situar el déficit en el 1,5% este año. Empresarios, consultores, promotores e ingenieros arremeten duramente contra el Gobierno andaluz por "machacar" a un sector que está "moribundo" y que ha sido el gran damnificado en los ajustes presupuestarios desde que estalló la crisis. Desde 2009, los constructores cifran en 3.000 millones el bocado a las infraestructuras. Advierten de que este tijeretazo hundirá aún más el empleo y destruirá muchos puestos de trabajo en un sector que ya ha perdido unos 300.000 desde 2007, según sus cálculos. Avisan de que los metros, principalmente los de Granada y Málaga, podrían ser los grandes afectados por la reprogramación.
La destrucción de empleo ha sido una de las líneas rojas del Gobierno de izquierdas a la hora de elaborar el plan de ajustes. La Junta asegura que con la batería de recortes aprobados no irán a la calle empleados públicos -sí se tocan todas las nóminas-, pero obvia los empleos que se perderán en el sector privado. El más perjudicado es el de la construcción. La patronal de los promotores (Fadeco) alerta de que el nuevo recorte de 571 millones echará a la calle a 70.000 trabajadores. Desde el Círculo de Empresas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) denuncian que desde 2008 unas 20.000 empresas vinculadas al sector han desaparecido en Andalucía, junto a miles de empleos. Defienden que las infraestructuras son las "grandes generadoras de empleo" y que una comunidad con un 31% de paro no se puede permitir un nuevo retroceso en la inversión. El decano del Colegio andaluz de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Abrahám Carrascosa, teme que los ajustes sean la "puntilla definitiva" al empleo en la construcción. "Cada mes hay un chorreo de ingenieros en paro", lamenta. Han pasado de una tasa de desempleo del 0% al 14%.
Otro de los argumentos de la Junta que el sector rebate es que las infraestructuras pueden sacrificarse, pero no los servicios sociales. "Pensar que una depuradora no es un servicio social tan importante como un colegio o un centro de salud es una visión muy cicatera", critica el secretario general de Fadeco, Emilio Corbacho. Los constructores censuran que "siempre se recorta donde parece más fácil recortar". Desde 2009, la inversión pública de la Junta se ha desplomado casi un 50%.
obras en riesgo. Los empresarios recuerdan que la obra pública es rentable para las administraciones, porque revierte en un 60% en las arcas públicas en forma de impuestos o tasas, y defienden que las infraestructuras "también cumplen un fin social". En vez de meter la tijera siempre en ellas, proponen prescindir de gasto financiero que "muere en sí mismo", como las ayudas a empresarios y sindicatos o los portátiles en las escuelas. "Sabemos que hay que hacer recortes, pero no pueden agotar un sector que es el único que puede absorber el paro y, en concreto, el de personas con menos cualificación", sostiene Corbacho.
La Junta aún no ha aclarado dónde se aplicará el recorte de 571 millones. En ello trabaja ya intensamente la Consejería de Fomento y Vivienda que dirige Elena Cortés (IU), que se estrena en un momento delicadísimo. Los constructores temen que el parón inversor afecte a los metros, prácticamente las únicas grandes infraestructuras que están en marcha en Andalucía. "¿Dónde estaban esos 571 millones?", pregunta con ironía el decano de los ingenieros. A su juicio, es "mucho dinero" y hay "tan poca obra en marcha" que lo "normal" es que implique la "paralización" de los metros. El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), ya ha expresado su preocupación por que las obras vuelvan a pararse y ha pedido que se acaben los trabajos en superficie.
Los promotores ven el horizonte muy negro. "Desde la Consejería de Fomento y Vivienda lo que nos llega es que no va a haber ni un euro para inversión", afirman. Además, los impagos de la administración aún no se han resuelto, pese al plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Tienen facturas sin pagar desde 2007, avisan. "No hay ningún proveedor que haya cobrado un euro", asegura el decano de los ingenieros de Camino. "Estamos asfixiados", insisten en el sector.
