La Guardia Civil de Cádiz desmanteló ayer una red, con epicentro en el Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz (Sitca), dedicada a expedir títulos falsos de cursos de formación a cambio de dinero. En la operación Catis -desarrollada en Cádiz, Canarias y Badajoz- hay diez detenidos y están imputadas dos ex directoras de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, ya que aunque los falsos certificados y diplomas eran entregados por el sindicato gaditano, algunos aparecían como supuestamente expedidos por organismos oficiales.
Los alumnos recibían, previo pago de 80 euros y sin asistir a clase alguna, certificados que acreditaban que habían realizado cursos de formación, como el grado básico en Prevención de Riesgos Laborales y otros en materia sanitaria. Este tipo de cursos son exigidos o considerados méritos en los concursos-oposición y las bolsas de contratación para determinados puestos de trabajo. Por ello, la Consejería andaluza de Salud anunció ayer que revisará la situación de las personas inscritas actualmente en la bolsa única de empleo del SAS y de otras instituciones del sistema sanitario público andaluz.
Además abordará con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Sanidad la adopción de medidas preventivas "en tanto no haya un auto judicial que dirima" si los títulos tienen validez legal.
La investigación comenzó hace un año cuando los agentes fueron alertados de que un sindicato de Cádiz ofrecía títulos oficiales a cambio de dinero. Seguidamente, comprobaron que el Sitca -una organización sin actividad sindical real ni instalaciones ni medios para ofrecer formación ocupacional- proporcionaba diplomas y certificados de asistencia de cursos oficiales sólo previo pago de 80 euros y una fotocopia del DNI.
Los alumnos no recibían clase e incluso podían matricularse en cursos realizados en años anteriores y se les proporcionaban diplomas con fecha anterior a su inscripción. Por esta vía, entre 2007 y 2009, la red ingresó a través de su cuenta corriente 1,4 millones de euros, a lo que había que añadir el dinero en efectivo cobrado en las oficinas.
Además de estudiar la situación de los inscritos en la bolsa del SAS, la Junta también abrirá un expediente informativo que podría terminar con la revocación de la acreditación concedida a algunas de las actividades ofertadas por el Sitca. Mientras, el PP de Canarias defendió la inocencia de las dos imputadas, ex directoras de la Escuela de Sanidad, Inmaculada Acosta y María Rosa de Haro, dependiente de la Consejería de Salud, que dirigía el PP hasta la ruptura del pacto de gobierno con CC hace un mes. El PSOE-A preguntó al PP andaluz "por qué el PP de Canarias extiende sus zarpas y redes al territorio andaluz".
