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Un solo preso por un crimen sin resolver

En diez meses tres imputados han salido libres a la espera de juicio.

el 10 dic 2009 / 21:23 h.

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La decisión de ayer de la Audiencia Provincial de Sevilla no es ajena a la polémica. Si para la sociedad es difícil entender que un joven supuestamente implicado en un crimen, más aún lo es para la familia de Marta del Castillo, que ya ha tenido que ver cómo tres imputados salen en libertad provisional a la espera de que se celebre el juicio. Sólo uno de ellos, Miguel Carcaño, el asesino confeso, permanece en prisión preventiva.

Sin embargo, los magistrados, por injusto que parezca ante una acción tan horrorosa como el asesinato de una menor, no han hecho más que aplicar las leyes en las que se basa nuestro Estado de Derecho garantista. La prisión preventiva es siempre el último extremo y sólo puede estar justificada por la gravedad de los hechos cometidos, el riesgo de fuga o la posibilidad de destrucción de pruebas.

En el caso de Samuel, el hecho que se le imputa es el encubrimiento de un crimen, no su ejecución. Diferencia principal con respecto a Carcaño, que desde el principio se ha declarado autor del crimen. Ahí está la clave. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece para todos los delitos un máximo de prisión preventiva para evitar que la celebración de juicio se demore sin fecha, lo que atentaría contra el derecho a un proceso judicial justo. En el caso de los delitos penados con más de tres años de prisión, este máximo es de dos años, con la posibilidad de ampliarlo otro más. Sin embargo, para los castigados con tres años o menos el tiempo máximo de internamiento es de un año, aunque cabe la posibilidad de ampliarlo seis meses más una vez superado este plazo.

Éste es precisamente el caso de Samuel: el fiscal y la familia le han imputado un delito de encubrimiento, que según recoge el Código Penal está castigado con penas de entre seis meses y tres años de prisión. Ello supone que, de no haber salido ayer en libertad, lo hubiera hecho en febrero, cuando se cumple un año de su ingreso en prisión, salvo que se le hubiera prorrogado el internamiento otros seis meses.

El juez del caso, que le ha denegado la libertad a Samuel en tres ocasiones -la última en noviembre-, ya informó de esta circunstancia a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tal y como establece la Ley.
De hecho, los otros dos imputados por este mismo delito, Javier Delgado y María García, están en libertad. El primero estuvo tres meses en prisión, pero salió de la cárcel por decisión del juez; mientras que María no ha llegado a estar encarcelada nunca. Éste precisamente, era uno de los argumentos de su defensa, quien alegaba que existía una discriminación con respecto a estos dos supuesto implicados en el crimen. Es más, difícilmente en prisión se encuentren otros presos imputados por delitos similares al que se le atribuye a Samuel.

Las únicas circunstancias en las que se puede dar pie al debate son si existe riesgo de fuga o si puede destruir prueba. Para solventar la primera, la Audiencia Provincial le ha impuesto al joven la obligación de personarse en el Juzgado de Instrucción número 4 cada 15 días, una obligación que también tienen impuesta Javier y María; además, le han retirado el pasaporte para evitar que pueda abandonar el país.

La única, entonces, discutible es la posibilidad de que destruya pruebas, máxime cuando el cuerpo de Marta aún no ha aparecido. Si Samuel, como cree el juez del caso, sabe dónde está el cuerpo de la menor podría alterar alguna prueba para que no pueda localizarse o incluso cambiarlo de ubicación.

El caso de Samuel es el mismo que ya ocurrió con El Cuco, que desde el pasado mes de noviembre se encuentra en un piso tutelado porque se cumplió el plazo máximo de internamiento preventivo que fija la Ley del Menor: seis meses, más otros tres de prórroga, para delitos graves.


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