La tasación hecha por una y otra administración difiere en unos cien millones de euros y se centra "en algunos solares concretos", la mayoría en Almería. El acuerdo preveía que, llegados a este punto, se recurriría a un tasador independiente y la Junta lo venía solicitando. Finalmente, el Gobierno "ha abierto esa posibilidad ante la falta de cercanía", aunque la tercera tasación sólo se realizará sobre los terrenos donde hay discrepancias, según fuentes de Patrimonio del Estado.
Para llevar a cabo esa valoración imparcial "se están estudiando posibles tasadores". Para cumplir el Estatuto -cuya disposición adicional segunda prevé esta compensación por el déficit con el que la comunidad asumió en los 80 competencias en sanidad, educación y vivienda- tendría que culminarse todo el proceso antes del 20 de marzo y aunque la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, dijo ayer confiar en ello, también dejó claro que cumplir los plazos no hará que la Junta acepte suelo por menos valor de los 784 millones (en realidad 484, porque además de 17 terrenos, el Estado ha ofrecido la empresa Agesa, que gestiona los activos inmobiliarios de la Expo 92, con un valor de 300 millones de euros, y sobre los que no hay discrepancias).
"Yo confío en que para el día 20 esté absolutamente resuelto el asunto porque hay voluntad del Estado de resolverlo, pero también digo que nosotros no vamos a tener más condicionamiento que que se cumpla totalmente con el compromiso que se tiene con Andalucía, y no vamos a aceptar ninguna tasación que no sea independiente en este caso y que no se ajuste a las cantidades que se nos adeudan", subrayó Martínez Aguayo.
Desde el Gobierno central reconocen que hay "premura de tiempo", por lo que quieren aplicar "cierta rapidez" al proceso. Sin embargo, la Junta hizo público a mediados de febrero que no le salían las cuentas con los terrenos ofrecidos inicialmente por el Estado -330 hectáreas de las que el 90% se ubica en la parcela almeriense El Toyo II donde el 65% del terreno está protegido y la Junta no lo computa al no poder sacar rendimiento económico de él- pero hasta el lunes, el Gobierno no accedió a recurrir a un tasador independiente. El Ejecutivo andaluz pide más solares porque "con los inmuebles que el Estado ha ofrecido no alcanzamos esa cantidad" pero no tiene previsto poner sobre la mesa ningún terreno en concreto sino esperar a la oferta del Estado.
Entre medio, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, amenazó incluso con llegar a los tribunales si no se cumplía lo pactado, si bien el PSOE vetó en el Parlamento una iniciativa del PP, apoyada también por IU, para que la Cámara presentara un recurso de inconstitucionalidad a los Presupuestos estatales por considerar que la fórmula del pago en suelo incumple el Estatuto (el PP como partido lo ha presentado). No obstante, desde el Gobierno no creen que el conflicto llegue a la vía judicial y en la Junta también confían en que no sea necesario.
