La venta de los suelos de Mercasevilla a Sanma (filial de la constructora Sando) estaba clara antes de que se conocieran las ofertas presentadas al concurso, según las declaraciones de ayer del represente del Grupo Noga que asistió a la mesa de contratación. Antonio Barba Ruiz, delegado comercial de Noga, empresa que presentó una oferta más ventajosa que la ganadora, explicó ayer a la juez que investiga las presuntas irregularidades en el concurso que a los "15 ó 30 minutos" de que se abrieran las plicas "alguien dijo que en principio parecía que se iba a adjudicar el concurso a Sando".
Barba señaló que no recordaba la identidad del que hizo el comentario, pero que en la mesa estaba el economista José Antonio Ripollés, uno de los técnicos que redactó el pliego e imputado en el caso, pero que era "la persona que estaba redactando el acta". Sin embargo, tampoco pudo aportar muchos más detalles porque "una vez que se procedió a la apertura de plicas y dijeron que la oferta parecía que se iba a adjudicar a Sanma", se marchó.
El representante de Noga dijo que en 20 años" ha asistido a "muchas" mesas de contratación, en las que "no ha presenciado que al poco tiempo de la apertura ya hubiera una oferta inicialmente ganadora". Aún así, y pese a la aparente desigualdad de condiciones, a Barba "no le consta que Noga haya recurrido ningún concurso". Es más, aseguró a la magistrada que "no percibió nada extraño para que su empresa fuera excluida intencionadamente" y que "no ha recibido ninguna comunicación sobre que haya habido una adjudicación fraudulenta en contra de Noga". También aclaró que no es la primera vez que una oferta de su empresa queda descartada "por desproporcionada", como ocurrió en este caso, pues ha acudido a "concursos de Epsa" en los que se dio esta situación.
No obstante, Barba aclaró a la titular del Juzgado de Instrucción 6 que él desconoce los detalles del concurso y de la oferta de su empresa, por lo que la juez ha decidido citar para el próximo mes de enero al secretario general de Noga, José Ramón Lacasa.
Ayer también declaró un profesor de Economía Aplicada de la Hispalense, que elaboró un informe con la puntuación de las cláusulas económicas del concurso. Según Antonio Pajares, la decisión de puntuar con cero puntos a Noga en aplicación de la cláusula de "alza desproporcionada" fue "una interpretación personal", al igual que la de valorar más favorablemente la oferta de pago al contado sobre el aplazado. Pese a esta interpretación, coincidió con la juez en que "desde un punto de vista lógico y económico, no es adecuado el planteamiento" por el que Sando obtuvo más puntos que Noga.
De hecho, la juez hizo referencia al informe de un gabinete de economistas, que afirman que si se hubiese aplicado la fórmula "más lógica y razonable de actualizar todas las ofertas a una tasa constante", Sando hubiese logrado una puntuación inferior.
Otra irregularidad documental
Según su testimonio, el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, tuvo conocimiento de la supuesta petición de comisiones a los empresarios de La Raza el día 4 de febrero. A raíz de esto, anuló el consejo de administración que se iba a celebrar el día 6, que pasó al 17. Fue en esta sesión en la que aprobaron las cuentas, se respaldó la gestión del ex director gerente, Fernando Mellet, y se le autorizó su salida de la empresa como una dimisión -aunque de no haberlo hecho hubiera sido cesado-. Las actas se aprobaron en la junta general de accionistas celebrada el 1 de abril, con el escándalo ya en la calle. Y en esos documentos el PP ha detectado una falsedad que incorporará en su futura querella por delitos societarios. El expediente en el que se recogen las firmas de las cuentas está fechado el 6 de febrero, y no el 17, que es cuando realmente se realizó esta convocatoria.
"El alcalde firmó un documento falso y debe explicarlo", apuntó el concejal del PP Beltrán Pérez, quien subrayó que hay otro error en el documento: "Aparece que no firmé porque no estuve pero es falso fui y no firmé porque no estaba de acuerdo". El edil popular incidió en que la auditoría de Deloitte está concluida y culpó al Gobierno local de no querer informar de ella. Según indicaron desde Mercasevilla el informe no ha finalizado aún.
También la plantilla de Mercasevilla preparaba ayer protestas tras comunicarles la empresa que la Junta se niega a pagar el ERE.