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Un tribunal juzgará el caso 'Karlos'

La mujer de Jesulín de Ubrique, imputada en este proceso por presunta estafa a la Seguridad Social, elude así el jurado popular.

el 16 nov 2010 / 20:06 h.

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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por las defensas de los procesados en la denominada Operación Karlos (presunta trama de fraude a la Seguridad Social), en la que María José Campanario, mujer del diestro Jesulín de Ubrique, está implicada. El Tribunal ha establecido que el juicio por esta causa se celebre ante una Sala de jueces profesionales y no ante un jurado popular. La razón es que el delito principal, que arrastra al resto, es el de estafa y no es competencia del jurado.

 

El 3 de noviembre cinco magistrados del Tribunal Supremo deliberaron sobre este asunto y en el auto que se dio a conocer ayer se establece que se trata de la imputación de un delito continuado de estafa que no es competencia del Tribunal del jurado. El resto de imputaciones -falsedad en documento oficial, actividades prohibidas a funcionario y cohecho- son meras actuaciones instrumentales para lograr la estafa. La decisión se toma en cumplimiento de la doctrina sobre la aplicación de la Ley del Jurado establecida en febrero. La Audiencia Provincial decidió en su día que el caso fuera juzgado ante un jurado popular, lo que hizo que las defensas presentaran un recurso ante el Tribunal Supremo para que los más de 30 acusados sean juzgados por tres magistrados. María José Campanario está acusada de tratar de conseguir una pensión para su madre.

La Operación Karlos, según la Guardia Civil, se inició cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento de que Carlos Carretero, ex jefe de la Policía local de Ubrique (Cádiz), podría encontrarse implicado en una trama dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales, cuya función sería captar a personas interesadas en obtenerla de dicha forma. Carretero contaba con la connivencia de un inspector médico (Francisco Casto), que se apoyaba en determinados facultativos para expedir bajas e informes falsos e iniciar el expediente de incapacidad laboral o por accidente, encargándose de supervisar estos documentos mediante cobros de dinero.

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