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Un tribunal resolverá los contratos públicos

La Junta crea un órgano integrado por altos funcionarios que dirimirá en los recursos de las empresas que se presentan a concursos públicos y no están de acuerdo con la adjudicación.

el 29 ene 2011 / 21:30 h.

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La Consejería de Hacienda y Administración Pública ultima un decreto para crear un tribunal de contratación administrativa, encargado de solventar recursos y dirimir recursos contra las adjudicaciones en concursos públicos y contrataciones de la Junta y los entes instrumentales.

 

El decreto saldrá a la luz en breve y según anunció la consejera del ramo, Carmen Martínez Aguayo, en una entrevista con Europa Press, "en próximos meses estará en marcha" este órgano que ya existe a nivel estatal y que supone "un adelanto" del futuro Tribunal Administrativo con un ámbito de actuación más amplio y que se creará por ley.

Las empresas que se presenten a concursos públicos para la adjudicación de obras y servicios y no estén contentos con la resolución del mismo podrán presentar un recurso ante este tribunal independiente que estará formado por altos funcionarios con experiencia en la administración. Los recursos serán de resolución breve aunque mientras ésta se produzca se suspenderá la adjudicación y se paralizará la contratación.

Aguayo explicó que inicialmente el Estado mandó una propuesta de convenio para que Andalucía se adhiriera al tribunal de contratación existente a nivel nacional y éste viera los recursos sobre las contrataciones de la Junta, si bien el Gobierno andaluz optó por crear su propio tribunal autonómico que servirá de "banco de pruebas" para la futura Ley del Tribunal Administrativo, que Aguayo prevé que inicie su tramitación parlamentaria antes de que acabe este año 2011.

En el trámite de audiencia del decreto, las universidades han pedido que ese tribunal sea válido también para sus procesos de adjudicación y la Junta lo hará posible mediante un convenio. El Gobierno andaluz también está abierto a que los ayuntamientos hagan uso de este órgano.

Martínez Aguayo destacó que tanto este paso previo como el futuro Tribunal Administrativo forman parte del proceso de simplificación de trámites burocráticos y "permitirá unificar criterios a la hora de resolver en instancias administrativas los recursos de los ciudadanos". Además, el objetivo es descongestionar los tribunales de lo contencioso-administrativos, una de las jurisdicciones más saturadas de pleitos.

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