La solicitud de indulto es el último recurso que tiene un abogado defensor para salvar a su cliente y pese a que la ausencia de antecedentes penales, el arrepentimiento y obtener el perdón de las víctimas son puntos a favor, los letrados reconocen que es una medida que se concede de forma muy excepcional y admiten no tener claro el criterio que se sigue a la hora de decidirla, tras años de experiencia profesional en los que lo han logrado en casos impensables y se los han denegado cuando parecía más fácil.
José Castilla, abogado colaborador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y durante años coordinador del Servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria que lleva dos años suspendido dirigió en 2009 una campaña para pedir el indulto de una treintena de vendedores del top manta, la mayoría inmigrantes, coincidiendo con la reforma del Código Penal que preveía reducir las penas de cárcel endurecidas años antes. Castilla recuerda que consiguieron algunos indultos sobre todo parciales pero muchos no, con casos como el de algunos vendedores que por acumulación de delitos llegaron a tener condenas de hasta 17 años de cárcel. Por ello, considera escandaloso que ahora se den a esta gente [en alusión a personajes conocidos como Ortega Cano y Del Nido] cuando a perfiles socialmente más aceptados se les deniega sistemáticamente.
Aunque cualquiera puede pedirlo, Castilla defiende que el objetivo del indulto es adecuar la ley al sentido de justicia y como abogado suele recurrir a él cuando entiende que socialmente no hay un reproche tan duro hacia el delito cometido. Sin embargo, dice estar acostumbrado a ver a otros compañeros que recurren a él cuando ya no queda otra posibilidad para evitar el ingreso en prisión y alargar el proceso. Es una herramienta más y tiene dierecho pero no está pensando para esos casos, subraya.
Precisamente el abogado Fernando Osuna es uno de los profesionales que considera que su deber es buscar lo mejor para su cliente y admite solicitarlo cuando ya se agotan todas las posibilidades porque siempre hay una posibilidad. En su haber hay casos sonados como el de Dolores Romero, una sexagenaria que mató a su marido con un cuchillo durante un forcejeo en la cocina de su casa en Écija y fue indultada porque ya el Supremo dijo que no había intención de matar y rebajó el delito de homicidio al que la condenó un jurado popular a uno de lesiones, con lo que la pena pasó de nueve a tres años. Osuna apeló al Constitucional sin éxito y finalmente pidió el indulto, que le fue concedido, en parte reconoce por la campaña que hizo su cuñado, el propio hermano de la víctima, y la familia en general, porque el hombre le había dado muy mala vida.
El abogado señala que el perdón de las víctimas es muy importante a la hora de conceder el indulto, así como el arrepentimiento o haber pagado las indemnizaciones. Pero coincide en que no hay un criterio claro y pone como ejemplo otro caso en el que lo solicitó para un hombre que robó unos sacos de ajos, aunque llevando un hacha. Le pusieron tres años y medio y no se lo concedieron. Respecto a los casos de famosos, no es partidario de que se les conceda salvo circunstancias excepcionales porque se da la imagen de que el dinero lo soluciona todo.
El letrado Benito Saldaña también llevó en 2007 otro caso sonado en el que medio barrio de Pino Montano se movilizó por el indulto al joven Francisco Javier Cid, condenado a ocho años por un robo con intimidación y uso de armas en el que el botín fueron cuatro euros, un móvil y un vale del Burger King. Saldaño recurrió al indulto tras agotar todas las posibilides y se lo concedieron parcialmente, reduciendo la pena a la mitad. El abogado incide en que conceden muy pocos y la mayoría parciales. Tampoco ve un criterio claro y como profesional estudia las opciones de cada caso.
