Una generación de jóvenes se rebeló ayer para defender la educación pública en la que crecieron sus padres. Ellos no han conocido otra y, en realidad, sus padres tampoco. Los estudiantes de enseñanzas medias que ahora tienen 14 y 15 años y están terminando la ESO nacieron en la década del 2000. Sólo conocen una de las siete leyes de educación que han existido, la que todavía está en vigor (LOE). Fue aprobada por un Gobierno socialista en 2006, cuando ellos acababan de llegar a Primaria, y está a punto de extinguirse con la llegada de la Ley Orgánica para la Mejora y Calidad Educativa (Lomce). Nueve de cada diez alumnos andaluces no acudieron ayer a clase para secundar la segunda huelga general de la enseñanza en 5 meses.
El Gobierno andaluz, que está en contra de la llamada ley Wert y apoyó las manifestaciones, cifró el seguimiento del alumnado en el 90%, de los más altos del país, y el 20% del profesorado, de los más bajos. No aportó datos por etapas, como en la última huelga, aunque sí admitió que el paro se notó más en la Universidad, los ciclos postobligatorios y la Secundaria que en Primaria e Infantil. Los convocantes, sindicatos docentes, asociaciones de padres y alumnos, elevaron el seguimiento hasta el 95% entre los estudiantes y el 50% de profesores. No hubo guerra de cifras porque la parte contraria a la huelga el Gobierno no dispone de datos propios, puesto que las competencias están delegadas a las comunidades y las cifras que recaba el Ministerio son las que les remite cada consejería (se calculó un seguimiento del 20% en el conjunto del país).
En la enseñanza ha habido tres huelgas durante los dos años de Gobierno de Rajoy, la primera contra el recorte de 6.000 millones al presupuesto educativo, las otras dos contra el proyecto de la ley Wert. La de ayer era una convocatoria ambiciosa porque abarcaba de las guarderías a las facultades: un millón de estudiantes, 100.000 docentes y 200.000 familias estaban llamadas a la movilización. En las universidades hubo más complicidad entre el profesorado y los alumnos para dejar las aulas vacías. En los niveles inferiores el seguimiento fue desigual, por la edad de los críos y por lo complejo de la conciliación laboral de sus padres. Sin embargo el paro de ayer superó al de la huelga de mayo, que tuvo una incidencia del 70% en estudiantes de la ESO, 50% en Primaria, y el 21% de profesores. Esta vez muchas asociaciones de padres se movilizaron para buscar alternativas donde dejar a sus hijos pequeños y algunas, con los maestros, organizaron jornadas explicativas sobre la ley en los colegios. También muchos docentes, que acaban de saber que la Junta les volverá a quitar el plus de las pagas extra en 2014, respaldaron una movilización en la que se mezcla tanto el rechazo contra la Lomce como los recortes de la Junta. Cada maestro pierde entre 80 y 100 euros por dejar su puesto.
Ayer llovió en todas las provincias. Aún así se vieron camisetas verdes de protesta en las escuelas, en el Parlamento (todos los diputados de IU) y en las marchas hasta las subdelegaciones del Gobierno, en las que participaron miles de personas. No se registraron incidentes violentos. Muchas pancartas caricaturizaban al ministro, que a mediodía dio un comunicado para lamentar la muerte de Manolo Escobar, pero no se pronunció sobre la huelga. Franco a Werto, Wert dimisión, Wertgüenza. Otras exhibían Educación universal y gratuita o Luto por la escuela pública. También había adolescentes explicando que la ley rompe con la igualdad de oportunidades, es clasista y segregadora, arrasa las becas y que el Gobierno quiere devolvernos a la educación de los años 40.
La mayoría es demasiado joven para entender qué significa volver a las reválidas, que desaparecieron tras el tardofranquismo, o colegios que se especializan en alumnos avanzados y alumnos con dificultades, o escuelas católicas exclusivas de niños. Tendrían que escuchar no ya a sus padres, sino a sus abuelos. Un hombre mayor portaba un cartel que rezaba: No es por mí, es por mis nietos. Sin embargo, muchos de ellos ya han perdido la beca (10.000 en Andalucía) porque el Gobierno ha endurecido los criterios académicos, y otros han dejado la Universidad o se han matriculado de menos materias porque las tasas son más caras. La huelga tuvo su principal soporte en los alumnos, pero detrás estaban sus familias, que entienden el cambio de modelo educativo como un cambio de valores.
La ley Wert tiene la misma legitimidad que la anterior: viene a combatir una tasa de fracaso escolar inasumible para un país como España, de las más altas de la UE. Pero los manifestantes creen que para lograr el éxito escolar, el Gobierno va a crear dos velocidades y dejar a un lado a los que más dificultad tienen.
La LOE se aprobó en época de bonanza, cuando había dinero para ilustrar el compromiso de un Gobierno con la educación: una escuela pública de calidad. Recabó el respaldo de la mayoría del arco parlamentario y de la comunidad escolar. La Lomce, que inicia ahora el trámite en el Senado, se aprobará en el quinto año consecutivo de una crisis económica sin precedentes, que ha obligado a replantear los derechos y las prioridades del sistema.
El compromiso de la ley es el mismo: una escuela de calidad. Pero se ha introducido un matiz esencial: todos no tienen por qué llegar a la Universidad. Se puede hacer una educación de calidad para la FP y otra para la formación universitaria. Y uno de los problemas que inspiró la huelga general es que entre esas dos vías paralelas que plantea la ley hay una fractura social insalvable. Los que fallen, se quedan. Los que fallen, pero tengan recursos propios para pagar un nuevo intento, pueden seguir. No hay dinero y el Estado ya no está para cubrir el déficit de los que podrían si tuvieran.
