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Un varapalo tan serio como exagerado

La comisión del Congreso de los Diputados en la que se debatió este miércoles una proposición no de ley del PP para la rehabilitación del Museo Arqueológico de Sevilla "a la mayor brevedad" ofreció noticias que, por inesperadas, causaron una cierta sensación de extrañeza...

el 16 sep 2009 / 00:29 h.

El informe aprobado por el Parlamento Europeo en el que denuncia las prácticas de "urbanización masiva" de España y la actitud de algunos ayuntamientos supone un duro correctivo que hay que reconocer sin mayores ambages. El documento concluye con una amenaza que revela el interés por hacer notar la recriminación: si persisten los desmanes urbanísticos, se propondrá la interrupción de los fondos que concede la UE al Estado español.

El aviso tiene un tono amenazante excesivo y, en cualquier caso, no se acompasa a los daños causados por estas actividades especulativas. El informe hay que analizarlo como lo que es: un toque de atención muy severo que no se puede dejar guardado en un cajón a la espera de que lleguen más reclamaciones. Dicho esto, sí que hay otros factores que nos deberían preocupar. Entre ellos, el grave daño de imagen que causa a un país que tiene en el sector turístico uno de sus principales generadores de actividad. La reprimenda es de tal contundencia y acritud que cualquiera que haya leído la información en Europa pensará que España es una especie de paraíso de la ilegalidad donde cualquier desaprensivo puede cometer una tropelía urbanística.

Para nada. Aquí no vamos a negar que se han cometido desmanes y que el modelo de desarrollismo imperante en algunas zonas del país, en especial en áreas costeras, ha alimentado el caldo de cultivo idóneo para la comisión de irregularidades de todo tipo. Pero estas conductas delictivas han sido y son excepcionales y de ningún modo pueden ser excusa para que 349 parlamentarios europeos apoyen alegremente un informe tan devastador para los intereses españoles. Las comunidades autónomas españolas y los ayuntamientos están dotadas de los marcos jurídicos necesarios para luchar contra estas prácticas abusivas y, si alguien se siente desamparado, puede acudir -como así ocurre- a los tribunales de Justicia, que para eso están.

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