Pedro Gálvez vive con seis familiares en una vivienda apuntalada desde el año 2009.
Las grietas de las paredes de la casa de Pedro Gálvez obligaron a este vecino de Las Cabezas de San Juan a apuntalar su domicilio hace más de una década. Jubilado, con una pensión de 500 euros, y a cargo de seis familiares que viven bajo su mismo techo, debería hacer frente a una reparación valorada en 15.000 euros. Desperfectos que, según los informes técnicos del Consistorio, son consecuencia de la urbanización del parque Cerro Mariana, que se encuentra a pocos metros de la vivienda de este vecino. Tras solicitar el Programa de Rehabilitación Preferente a la Junta de Andalucía y denegárselo, este hombre interpuso hace unas semanas un recurso contencioso-administrativo contra la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta «por dejar en el olvido su problema y no depurar la responsabilidad sobre el estado de su vivienda», así como contra el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan.
Pese a que los desperfectos dieron la cara en 2007 cuando se realizaron las obras en el recinto público, no fue hasta 2009 cuando este hombre solicitó a la Junta de Andalucía acogerse al Programa de Rehabilitación Preferente para solventar los problemas estructurales de su vivienda. Una petición que dos años después todavía no tenía respuesta, por lo que este vecino optó por abrir un expediente de responsabilidad patrimonial tanto contra la Junta de Andalucía, «por no reconocer la responsabilidad de las grietas estructurales», así como contra el Consistorio de Las Cabezas de San Juan, «por considerar que las obras realizadas en el parque Cerro Mariana eran las causas del peligroso deterioro de mi casa».
Ante la falta de respuesta, Gálvez acudió a la Plataforma Antidesahucios de su localidad para que le orientara sobre cómo actuar con su situación. En mayo del año pasado, dicha plataforma solicitó una reunión con la delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla, Granada Santos, para pedir la agilización de la resolución del expediente de rehabilitación. Un encuentro que se formalizó en julio pero que, según el afectado, quedó en «una muestra de interés momentánea, ya que a partir de esa entrevista, al desprecio e indefensión sufrido como ciudadano por el silencio administrativo de la Junta, hay que sumar las represalias tomadas contra mi persona, con relación al Programa de Rehabilitación Preferente 2009». En este sentido, Gálvez indica en un comunicado que la Junta «castiga a un pobre jubilado que ha tenido el atrevimiento de comunicárselo y reclamárselo», mientras él y su familia siguen viendo cómo su vivienda «se deteriora progresiva y peligrosamente sin contar con medios para corregirlo».
Este vecino explica que para poder entrar en dicho programa primero le exigen un estudio geotécnico, un informe que, según el afectado, «no se ha exigido nunca». Pero Gálvez respondió a la Junta que, además de no contar con los recursos económicos necesarios para realizar el citado estudio, «el propio programa prevé que la Consejería de Fomento y Vivienda facilitará los documentos técnicos necesarios para la redacción de los proyectos de rehabilitación». Días después, el Consistorio le comunicó que su expediente estaba excluido por falta de presupuesto.
No obstante, desde el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan aseguran que son «conscientes» de la situación en la que vive esta familia, de ahí que a día de hoy «se le facilite todo lo necesario para mejorar sus condiciones». Asimismo, fuentes consistoriales indican que cuando vuelvan a abrir el Programa de Rehabilitación Preferente el Ayuntamiento antepondrá la «prioridad» del expediente de Gálvez, pero que éste entre o no dentro de las actuaciones de la Junta no depende de la administración local.
