El retraso de la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros hacía presagiar que comparecería el propio presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, para presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2012, los más "austeros" de la democracia. Pero no. Fue la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la encargada, otra vez, de anunciar los enésimos esfuerzos reclamados a los españoles, explicados después por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ahí va su rosario de los recortes del Viernes de Dolores y, por delante, aquellas cuentas que más directamente afectan al bolsillo del ciudadano, a falta de una letra pequeña que no conoceremos hasta el Martes Santo.
Empleados públicos: Los funcionarios tendrán otro año el sueldo congelado.
Los funcionarios tendrán, un año más, los sueldos congelados. Perderán poder adquisitivo (de compra) conforme crezca la inflación. No se bajan los sueldos. Esto cabe interpretarlo como un guiño a un colectivo que, tras la reciente reforma laboral y la legislación para controlar el déficit de todas las administraciones, tiene los despidos y los ERE sobre su cabeza. No en vano, los sindicatos han tratado y tratarán de granjearse el apoyo de los funcionarios para sus reivindicaciones -los llamaron a secundar la huelga general con la advertencia de que ni ellos tienen ya un trabajo seguro-.
Ley de dependencia: Ningún euro para ampliar el número de dependientes.
De quienes se benefician de la Ley de Dependencia no se dijo ni mu en la rueda de prensa. Hubo que rastrear en los papeles facilitados por Moncloa para encontrar que no se asigna ni un solo euro para firmar nuevos convenios con las regiones para atender a personas dependientes, frente a los 283 millones consignados por el último Gobierno socialista para 2012. Ya el Ejecutivo de Rajoy había anunciado que no se aumentaría el número. La cobertura sólo se ofrecería a quienes ya la tenían concedida. Las cuentas ayer presentadas confirman, por tanto, el recorte a la dependencia.
Paga de los pensionistas: La actualización de las pensiones ‘se la come' el IRPF.
A diferencia de los funcionarios, los pensionistas verán actualizadas sus prestaciones conforme al IPC para que su poder de compra no quede reducido. No obstante, hay que tener en cuenta que la subida concebida a finales del año pasado por el Ejecutivo de Rajoy les está reduciendo la paga desde febrero de 2012. Así pues, lo comido por lo servido. Lo que dan por un lado lo quitan por el otro.
Ayudas a vivienda y coche Sin más para alquiler y testimonial para el vehículo eléctrico.
El tijeretazo en la partida de ayudas para acceder a la vivienda es del 41,9%. Aquí entra la supresión de las subvenciones para quienes, jóvenes ellos, se decanten por el alquiler para independizarse. La ayuda para adquirir coches eléctricos, asimismo, se queda en 10 millones de euros, frente a los 80 de 2011. Y eso que en los últimos años las administraciones habían apostado muy fuerte por este tipo de vehículos.
Políticas de inserción laboral: Menos cursos de formación a parados y trabajadores.
Fuerte recorte en las políticas activas de empleo, es decir, a la partida para cursos de formación que reciben los parados para facilitar la incorporación al mercado laboral y los trabajadores para adecuarse a las nuevas exigencias del mercado. Parte de los fondos es gestionada por sindicatos y patronales para impartir cursos. De hecho, son, hoy por hoy, un aporte vital para su sostenimiento. En total, 1.557 millones menos, además de suprimir la dotación para la integración de inmigrantes (65 millones en 2011).
Una justicia más cara: Tasas nuevas y también recargos. De 50 a 750 euros.
Las tasas cobradas por la Administración de Justicia (denuncias y recursos) se encarecen. Se hace especial hincapié en segunda instancia -al recurrir a un tribunal superior por no estar de acuerdo con una sentencia- para reducir "los excesos y el abuso" de los recursos y la saturación de los juzgados. No afecta al ámbito Penal, sino al Civil, Contencioso-administrativo y Social -pero en ese último caso, sólo para segundas instancias-. Así, apelar en lo Civil y Contencioso-administrativo sube 500 euros y 600 en casaciones. En lo Social, súplica y casación, que eran casos hasta ahora gratuitos, inauguran tasas 500 y 750 euros, respectivamente. En la rueda de prensa, Sáenz de Santamaría resaltó que, al agregar estos costes, se busca una mayor "equidad" en la Justicia y asegurar la gratuidad para las personas con menores recursos, quienes conservarán intacto su derecho a una tutela judicial efectiva sin pagar. Con esta carga, se prevé que la recaudación pase de los 172 a 300 millones de euros este año. La "excesiva y artificial" litigiosidad trata en muchas ocasiones de dilatar los procesos y la ejecución de sentencias contrarias. El encarecimiento en la Justicia será, como mínimo, de 50 euros (por ejemplo, en un concurso necesario o suspensión de pagos) y como máximo, de 750 (al recurrir en casación).
Carga fiscal para empresas: El tipo de Sociedades no sube pero se quitan deducciones
Para todas las empresas, cambios en el Impuesto de Sociedades. No se aplicará aumento en el tipo de gravamen (el porcentaje al que tributan los beneficios obtenidos). Sí se tocarán las deducciones del impuesto (en lo que atañe a pagos fraccionados, gastos financieros, amortizaciones y el fondo de comercio). Estos retoques permitirán recaudar unos 5.350 millones de euros.
Actuaciones sobre el consumo. El IVA no sube, tabaco es la incógnita e igual prestación.
No habrá incremento del IVA, que es el impuesto que grava el consumo, aunque sí cambios en el especial del tabaco. No queda claro si los cigarrillos subirán o no. Sí se reforma la fórmula al cobrar el impuesto a las tabaqueras, y esto hará que se recauden unos 150 millones de euros más. Mientras, la prestación por desempleo no se toca, es decir, no habrá rebaja en el dinero que los parados perciben al quedarse sin su puesto de trabajo, en un país con casi 5,3 millones de personas sin ocupación. Tiene su lógica. Sin dinero para gastar, no hay consumo.
Transferencias a CCAA. De los recortes en materia educativa se salvan las becas.
Y tampoco habrá recortes en las becas, siendo esta última una posibilidad que habían contemplado los partidos de la oposición por la, decían, preferencia del PP por la educación privada. En la rueda de prensa se citó varias veces que las becas estaban aseguradas. Las competencias sobre educación se encuentran transferidas a las comunidades.
Hasta aquí, lo más importante para el ciudadano. Éste ya tiene la nómina o pensión reducida por la subida del IRPF aprobada por el Gobierno de Rajoy en diciembre, pocas semanas después de su llegada a La Moncloa. Junto con las nuevas medidas tributarias, la carga fiscal aumentará en 12.300 millones de euros. Pero cuidado. La rebaja del gasto de los ministerios, por valor de 27.300 millones (un 16,9%), acarreará menos contratos públicos y menos obra pública. Menos actividad para las compañías en un país con el paro disparado. Las inversiones caerán un 19,6%, sobre todo en ferrocarril y carreteras. Un hachazo.
Y todo para cumplir -"sí o sí", recalcó la vicepresidenta- un objetivo de déficit del 5,3% este año. De los recortes no se escapa ni la ayuda al desarrollo -para países pobres-, ni los programas de desarrollo rural y agrario en España -con una fuerte incidencia en Andalucía-. Pero, eso sí, se aprueba una amnistía fiscal para el dinero evadido... por los ricos. Controvertido en épocas de crisis y con estos recortes sociales.
Hacer la vista gorda para que aflore dinero negro
Es la iniciativa más controvertida de cuantas aprobó ayer el Gobierno central, dentro del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2012 cuya tramitación no ha hecho sino comenzar tras el visto bueno del Consejo de Ministros: una amnistía fiscal, un perdón para que salga a flote el fraude de particulares y empresas y para que retorne a España el dinero evadido fuera del país -sobre todo hacia paraísos fiscales-. Los organismos económicos internacionales suelen recomendar a los Estados con dificultades financieras hacer la vista gorda. Polémico en tiempos de crisis económica, sobre todo si hay recortes presupuestarios y sociales, como es el caso.
¿Qué ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy?
Entre sus medidas tributarias, se decanta por una amnistía fiscal para "regularizar" el dinero huido fuera de España e incluso dentro del propio país. El objetivo: que salgan a la luz 25.000 millones en negro y recaudar por ellos 2.500 millones. Tras un periodo que expira el 30 de noviembre, las sanciones se endurecerán.
La idea es que el capital retornado sólo tendrá que pagar un "gravamen especial" del 10% (8% si son dividendos; para este caso el plazo el plazo acaba el 31 de diciembre). Quien acepte queda exonerado de sanción económica e incluso, si fuera el caso, penal. Como si nada hubiera pasado. En paz con el Fisco.
¿Por qué se habla de amnistía? Primero, porque es dinero negro que sale a flote sin pena. Segundo, porque el evasor fiscal paga menos a Hacienda que si hubiera tributado en blanco (hasta tres veces menos). Una medida controvertida, sí, pero los primeros gobiernos socialistas aplicaron dos en los ochenta y el PP se negó a respaldar en 2010 a una iniciativa similar sopesada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Por entonces, el Partido Popular era oposición y Cristóbal Montoro, su portavoz económico.
Los datos.
Gastos: 112.083 millones. Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 contemplan unos gastos no financieros de 112.083 millones de euros, un 9,6% menos que en 2011. El recorte medio para los ministerios es del 16,9%. La tijera porcentual más severa es para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Las menores, para los ministerios de Presidencia, Interior y Empleo.
Impuestos: 168.726 millones. Con los impuestos se recaudarán 168.726 millones de euros, un 4,3% más. Subirán los ingresos por el de Sociedades (17,8%) y por el IRPF (4,7%), mientras que bajarán los del IVA (3,3%) por el menos consumo. Las nuevas medidas fiscales aportarán 12.314 milones.
Déficit: 5,3%. El objetivo de déficit será "sí o sí" del 5,3%, frente al 8,5% de 2011. La Administración central deberá aportar 1,6 puntos al recorte, 1,4 puntos las comunidades autónomas, 0,1 puntos las administraciones locales y otro tanto la Seguridad Social.
