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Una anciana pierde su casa al no pagar las letras de una furgoneta

Un banco dejará en la calle la semana que viene a una mujer de 69 años, tras un cúmulo de desatinos, si no prosperan los recursos in extremis de su abogado.

el 14 jul 2011 / 20:06 h.

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Chamizo, con Josefa y su hermano Antonio.

Josefa Doblado, vecina de la Macarena de 69 años, se quedará en la calle la semana que viene a menos que prosperen los recursos planteados in extremis por su abogado, porque su casa sirvió de aval para comprar una furgoneta que dejó de pagarse. Doce años después, a pesar de que la familia de Josefa ha terminado por pagarle al banco más dinero del que costó el vehículo, la mujer será expulsada de su casa después de una serie de desatinos. Por ejemplo, que no supo que habían iniciado el embargo hasta siete años después. O que cuando pudo zanjar el préstamo y evitar que su casa se subastara, le dieron una cifra errónea y lo que pagó no alcanzó para cubrir toda la deuda, aunque el banco le hubiera concedido lo que pidiera. O que la casa cuesta cinco veces más que la furgoneta que avaló.

A Josefa le han notificado que el juzgado la expulsará el martes de la casa que heredó de sus padres, en la calle Primavera del barrio de Hermandades del Trabajo. "Yo no entiendo de leyes, pero llevo en esa casa 40 años y no entiendo cómo ha podido pasar esto si nunca nos hemos negado a pagar", dice apretándose las manos la mujer, que ayer fue a pedir ayuda al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.

El problema comenzó en 1999, cuando el sobrino de Josefa necesitó una furgoneta para trabajar como repartidor de prensa. Para comprarla con un crédito de 29.000 euros, Josefa accedió a venderle el piso que ella y sus hermanos heredaron de sus padres. Para hacerle el favor se lo vendió por un precio simbólico de 30.000 euros, más o menos lo que costaba la furgoneta, ya que necesitaba tener patrimonio personal para que le dieran el préstamo. Sus hermanos también renunciaron a sus derechos sobre el piso para cedérselo al sobrino. Y Josefa siguió viviendo en él.

Al año, el sobrino se quedó en paro y dejó de pagar el préstamo, tras abonar unos 8.000 euros. El BBVA lo ejecutó en 2001, por un importe de 21.700 euros y unos intereses de 10.000. Pero nadie localizó al sobrino. Cuando Josefa se enteró, en 2008, ya estaban a punto de subastar su casa.

El hermano de Josefa, Antonio, tomó las riendas y trató de solventar el problema, y lo hubiera conseguido si lo hubieran informado bien, según explicaba ayer, nervioso y agobiado: "Yo tengo una casa que está pagada, fui a mi banco, hablé con el director y me dijo que me daba el dinero que hiciera falta. El juzgado y mi abogado de entonces me dijeron que eran 29.000 euros, y yo los pagué para evitar que subastaran la casa". Pero días después, cuando ya creía que había saldado la deuda de su hermana y el problema estaba resuelto, llegó el mazazo: el banco comunicó que los intereses de demora ascendían a otros 44.000 euros, al tener un interés del 29%, y que las costas judiciales sumaban 8.000 euros más.

Es decir, que después de pagar 29.000 euros, seguían teniendo una deuda de 52.000 más. Y el banco que acababa de concederle a Antonio un préstamo, aunque en principio se lo hubiese dado por más dinero, no podía concederle otro porque su casa ya no estaba libre de cargas.

Aun así, Antonio logró negociar una cantidad inferior, 21.000 euros, para paralizar la situación, pero le pedían que el BBVA acreditara por escrito que frenaría la subasta. Y el BBVA no lo hizo, según explica el actual abogado de Josefa, José Manuel Ramírez.
En abril de este año, Josefa contactó con Ramírez ante el absoluto desinterés de su letrado anterior, aunque a estas alturas ya sólo cabía recurrir las decisiones adoptadas por la Justicia, con el embargo ejecutado, la subasta celebrada y la vivienda adjudicada por un juez al BBVA.

Ramírez detectó irregularidades y recurrió, pero Josefa necesita un milagro antes del martes. Por eso fue ayer al Defensor del Pueblo, que se comprometió a ponerse en contacto con el BBVA para convencerlo de que frene la situación y no eche a la mujer, al menos hasta que la Justicia decida sobre los recursos.

"Si no van a frenar el desahucio, al menos que le den un mes para recoger sus cosas e irse", decía ayer José Manuel Ramírez, el abogado de Josefa, que al borde de las lágrimas se preguntaba dónde iba a ir ella, con 69 años y 400 euros de pensión. El letrado cree que en el procedimiento existen irregularidades, y las ha recurrido, pero se teme que para cuando la Justicia pueda resolver esos recursos, el daño ya esté hecho porque Josefa haya sido expulsada de su casa deprisa y corriendo, sin darle tiempo a recoger sus pertenencias de su piso de 72 metros cuadrados y tres habitaciones. La orden de lanzamiento le fue comunicada el miércoles, con una semana de plazo.

El abogado ha presentado tres recursos: uno de apelación porque considera que hubo vulneraciones técnicas en las normas de la subasta y también en la liquidación de los intereses, que deberían haber sido como máximo de dos puntos por encimadel interés legal, pero nunca del 29%. Y también está tramitando que las costas de 8.000 euros se asuman de oficio. En segundo lugar, Ramírez ha recurrido la diligencia de lanzamiento -expulsión de la vivienda- porque debería haber habido una vista en la que Josefa, como residente habitual, defendiera su derecho a permanecer en la casa. Por último, y con este mismo argumento, ha pedido la suspensión del desahucio y, de no concederse, que al menos se dé a la mujer un mes de plazo para recoger sus pertenencias.

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