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Una auditoría revela gastos y pagos sin control en la fundación de Mercasevilla

El alcalde pidió ayer que se disuelva la Fundación Mercasevilla al detectarse diversas irregularidades en su gestión. Los directivos solían actuar sin el consentimiento de los órganos de gobierno, por lo que el Ayuntamiento ha decidido no amparar sus actuaciones y enviar el informe a la juez que investiga las comisiones.

el 16 sep 2009 / 04:46 h.

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R.Velis

El alcalde pidió ayer que se disuelva la Fundación Mercasevilla al detectarse diversas irregularidades en su gestión. Los directivos solían actuar sin el consentimiento de los órganos de gobierno, por lo que el Ayuntamiento ha decidido no amparar sus actuaciones y enviar el informe a la juez que investiga las comisiones.

El informe de la comisión auditora, creada por el Consejo de Administración de Mercasevilla, revela diversas irregularidades muy graves y continuadas en la gestión de la Fundación Mercasevilla, en el punto de mira tras destaparse el presunto cobro de comisiones ilegales, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 6. Una actuación que ayer, fuentes cercanas a la comisión, calificaban de "despilfarro y auténtico descontrol".

Ante dicho documento, la comisión ejecutiva de la empresa pública contaba con sólo dos posibilidades de actuación. La primera era la aprobación de la gestión de los anteriores directivos, con lo que asumían que habían actuado a espaldas de los órganos de gobierno de la institución y sin control alguno. La segunda consistía en el rechazo de las actuaciones, lo que conllevaba la disolución de la fundación.

La opción del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y del presidente de Mercasa (empresa nacional con participación en Mercasevilla), Ignacio Cruz, fue decantarse por la segunda solución, por lo que el primero dio la orden de que se disuelva la Fundación Mercasevilla por las irregularidades detectadas y que se trasladen las conclusiones del informe al juzgado que investiga el caso, en el que están imputados el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet y su adjunto Daniel Ponce; la empleada que dirige los proyectos de la Fundación, Regla Pereira; y el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas.

Las mismas fuentes explicaban ayer a este periódico que las actuaciones de la fundación han estado en manos de unos directivos que no estaban facultados para ello y que nunca contaron con los órganos de gobierno correspondientes. Los ex directivos actuaban por su cuenta y no informaban de sus actividades. "No es tanto que todas sus actuaciones sean malas, sino que todo lo hacían sin contar con el patronato", aseguraron ayer dichas fuentes.

Entre las muchas y graves irregularidades que se han detectado, aunque se han dado en todas las áreas de la gestión, los directivos de Mercasevilla firmaban indemnizaciones por rescisiones de contrato con cantidades muy por encima de lo establecido en la ley y llegaban a colocar como ingresos en un año por patrocinio cantidades que en realidad tenían que repartir en varias anualidades.

Según informó ayer el Ayuntamiento en un comunicado, la comisión ejecutiva de Mercasevilla ha ordenado la continuación del trabajo de la comisión auditora y de la empresa Deloitte "a fin de completar el análisis crítico de los procedimientos administrativos llevados a cabo en Mercasevilla". En la orden dada, se insiste en que las actuaciones de los anteriores directivos se hicieron "sin conocimiento" de la comisión. Por ello, la investigación pretende "detectar cuantas incidencias se hayan producido en la gestión de gastos, inversión, pagos, créditos, traspasos, contrataciones y asuntos de personal sin el sometimiento y sin comunicación de los órganos de gobierno de la empresa".

Una imputación 'obligada'

El pasado 19 de junio la juez que investiga el caso Mercasevilla dictó un auto en el que resolvía la admisión de la querella presentada por el PP y en el que concretaba los imputados, ya que el escrito de los populares apuntaba a los dos directivos de Mercasevilla y a diversos políticos a los que les imputaba hasta siete delitos, aunque sin concretar los hechos.

En dicho auto, la magistrada imputa formalmente al delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, al ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, el ex subdirector, Daniel Ponce, y a la empleada que dirige los proyectos de la Fundación Mercasevilla, Regla Pereira. Es decir, las mismas personas sobre las que se estaba dirigiendo la investigación de la Fiscalía después de que la Junta le pusiera en conocimiento de los hechos. Sin embargo, la imputación de Rivas es la única de las cuatro que responde a una cuestión de garantías procesales. Es decir, por el momento la única prueba contra Rivas es la declaración de Mellet, en la que asegura que el delegado de Empleo estaba al tanto de todo, pero, pese a no ser una prueba física, la juez tiene que imputarlo e iniciar una investigación contra él.

Por este motivo, ayer, PP y PSOE interpretaban de forma dispar la decisión judicial. Por un lado, los populares pedían su dimisión, mientras que el consejero de Empleo, Antonio Fernández, aseguró que ser responsable de un supuesto delito "no es suficiente para tomar una decisión que suponga la separación de sus responsabilidades".

La juez ya ha citado a Rivas para el 16 de noviembre y al resto de imputados para el próximo 17 de julio.

Por otra parte el comité de Mercasevilla concierta una reunión "urgente" con Mir y amenaza con "movilizaciones". El comité de empresa de Mercasevilla, sociedad pública participada por el Ayuntamiento hispalense y por Mercasa, se reunirá el próximo 30 junio con el consejero delegado de dicha entidad, el concejal socialista Alfonso Mir, en un encuentro de carácter "urgente" concertado tras hacerse público que la comisión ejecutiva propondrá al consejo de administración la disolución de la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, dado que los sindicatos no descartan movilizaciones contra dicha decisión a cuenta de los puestos de empleo adscritos a la fundación.

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