La sentencia del Supremo viene a dinamizar el caso de los ERE, donde hay una veintena de imputados, incluidos un exconsejero de Empleo, el exdelegado provincial en Sevilla o el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, sobre el que pesan las principales acusaciones por el fraude de las ayudas.
El caso de los ERE ha sido también un arma política en manos del PP, que se personó como acusación particular antes incluso que la propia Junta. El Gobierno andaluz reaccionó tarde, pero cuando lo hizo abrió una investigación interna paralela al proceso judicial. La Consejería de Empleo detectó 72 intrusos (personas que no tenían derecho a ayudas) en los ERE, 111 irregularidades administrativas y un fraude de nueve millones de euros a las arcas públicas. Pero han sido los autos de Alaya y su tono inquisitivo los que más daño han hecho al Gobierno andaluz. Cada vez que la Junta anunciaba su disposición a colaborar con la justicia, la jueza ponía en duda esa colaboración.
El conflicto de las actas es el vértice de una pirámide de desencuentros entre la jueza y la Junta. En su primer auto, Alaya pidió todas las actas en bruto. Fue entonces cuando el Gobierno pidió elevar al Supremo el conflicto de jurisprudencia. La jueza debía haberlo hecho en un plazo de cinco días, pero paralizó la tramitación un mes "sin amparo y en contra de la norma reguladora", recordaron ayer los jueces del Supremo. Entre la suspensión del conflicto de competencias (auto de 5 de mayo) y el momento en que "de manera extemporánea" eleva el caso al Supremo (4 de julio), tuvieron lugar las elecciones municipales del 22 de mayo.
Finalmente Alaya elevó el asunto al Alto Tribunal, mencionando expresamente al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, preguntándose cómo no estuvo enterado del procedimiento irregular de las ayudas a empleo si en aquella época era Consejero de Hacienda. La que entonces era su número dos y actual titular de la cartera, Carmen Martínez Aguayo, salió en su defensa asegurando que ella recibía los informes de la Intervención que alegaron del supuesto fraude, y nunca informó a Griñán.
