1.554 días; o, lo que es lo mismo, cuatro años, tres meses y tres días. Son los que lleva en vigor la Ley Antitabaco... aunque en Sevilla no lo parece porque en todo este tiempo, debido una confusión competencial no resuelta entre el Ayuntamiento y la Consejería de Salud, en la ciudad no se ha realizado ninguna inspección.
Mientras que esto ocurre en Sevilla, en Madrid, el Ministerio de Sanidad anda ya incluso planteando para el segundo semestre del año -cuando acabará la presidencia española de la UE- un nuevo endurecimiento de la ley.
El Ayuntamiento atribuye la responsabilidad de la inspección a Salud y ésta al Consistorio y entre uno y otra, como dice el dicho popular, la casa sin barrer.
Los colectivos de usuarios han denunciado ante ambas administraciones la situación, pero en vano. Facua y la Unión de Consumidores aseguran que, a pesar de que la ley entró en vigor el 1 de enero de 2006, se fuma en espacios donde la norma lo prohibe, hay máquinas expendedoras que no tienen el bloqueo activado, hay bares que no cumplen la norma en cuanto a separación de zonas de fumadores respecto a las que no lo son, y a esto se le añaden carencias en las indicaciones de cartelería. La lista de ilegalidades, aseguran, es extensa.
"Lo que más indigna -asegura Rubén Sánchez, de Facua- es que el mismo partido que desde el Gobierno impulsó y aprobó la ley, el PSOE, es el que gobierna en la Junta y el Ayuntamiento, y la situación no se soluciona".
Las diferencias entre el Ayuntamiento y la Junta tienen a dos leyes como protagonistas: la Ley de Salud de Andalucía de 1998 y la propia Ley Antitabaco estatal. La primera asignó las competencias sobre salud pública a los ayuntamientos.
Según explican fuentes de Salud, sólo en el caso de que un Consistorio no tenga cuerpo de inspectores, la inspección la realizarán los funcionarios de la Junta. Sin embargo, éste no es el caso de Sevilla. Málaga, por ejemplo, también tiene inspectores propios y éstos sí se encargan de velar por el cumplimiento de la norma sobre el tabaco.
Sin embargo, el Ayuntamiento se apoya en que la Ley Antitabaco en ningún momento cita a las administraciones locales sino a las comunidades autónomas.
El caso es que las dos administraciones permanecen ancladas en su interpretación del marco legal y nada indica que el atasco vaya a resolverse.
Hasta el Defensor del Pueblo tuvo que mediar hace algo más de un año en esta situación ante las denuncias que llegaron a su Oficina alertando de incumplimientos de la Ley Antitabaco, y no sólo en Sevilla sino también en Málaga, Granada, Almería, Cádiz y Córdoba. La situación, sin embargo, está arreglada, según Salud, en todas las capitales de provincia salvo en la hispalense.
El Defensor emitió un informe con fecha del 9 de octubre de 2008 en el que, para salir de esta situación, instaba a las administraciones a redactar un protocolo de actuación entre administraciones locales y la Junta para regular las inspecciones en los municipios. Nadie recogió el guante y nada se ha hecho.
El informe puso de manifiesto la confusión competencial y reveló que son "muchos los locales que incumplen la ley" porque "falta un criterio uniforme respecto a las competencias", un limbo legal que se traduce en el "muy reducido número de expedientes abiertos y tramitados" hasta ahora en Andalucía.
El informe reconoce que la Ley de Salud de Andalucía de 1998 asigna a los Ayuntamientos las tareas relacionadas con la vigilancia de la salud pública, sin embargo, en su análisis de la norma antitabaco (Ley 28/2005) concluye que "la competencia sobre la inspección y sanción en materia de tabaquismo corresponde a la Administración autonómica" puesto que "esta ley no contiene mención alguna a la concurrencia de competencia municipal".
Después de la entrada en vigor de esta normativa estatal Andalucía aprobó además tres decretos para desarrollarla y ninguno de ellos menciona que la inspección en este asunto deba recaer en los gobiernos locales.
José Manuel Fernández, secretario general de la Unión de Consumidores de Sevilla, asegura que "no se ha dejado de denunciar el asunto ante el Ayuntamiento y ante Salud, pero nada se hace y los incumplimientos son generalizados. Al final, quienes sufren las consecuencias son siempre los mismos".
