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Una comisión velará por que se cumpla la ley de la Gran Sevilla

Una comisión integrada por 26 miembros se encargará de velar por el cumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), que con su publicación ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) entra hoy en vigor convirtiéndose en una ley para los 46 municipios del territorio.

el 16 sep 2009 / 05:28 h.

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O.G. / A.V.

Una comisión integrada por 26 miembros se encargará de velar por el cumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), que con su publicación ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) entra hoy en vigor convirtiéndose en una ley para los 46 municipios del territorio.

Dicha comisión estará presidida por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, y la integrarán otros 25 miembros, donde se incluye una representación de la mayor parte de las consejerías de la Junta de Andalucía, porque se considera que todas tienen algo que decir en el seguimiento de un planeamiento que no sólo habla de ordenación del territorio, sino también de las necesidades en materia de equipamiento y servicios para la aglomeración urbana durante la próxima década. La constitución de esta comisión también queda fijada con lo publicado ayer en el BOJA y la mayor parte de sus miembros tienen todavía que ser elegidos.

Por otra parte, los municipios tienen ahora un plazo máximo de cuatro años para adaptar sus PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) al Potaus "sin perjuicio de las innovaciones a que hubiere lugar para su implementación con anterioridad a dicho plazo", según el decreto 267/2009, de 9 de junio publicado ayer. De igual modo, los municipios que estén actualmente redactando sus PGOU deberán adaptarse a las determinaciones del Potaus, "con independencia del grado de tramitación que hubieran alcanzado".

Por otra parte, el decreto recoge una de las últimas modificaciones incluidas en la tramitación del Potaus. Se refiere a la derogación del artículo 46 del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad), que prohibía la instalación de industrias en su área de influencia. El Potaus lo permite pero con ciertas reservas: serán industrias asociadas a la producción de energías renovables, según lo recogido en su artículo 103.

El texto incluye 69 áreas de oportunidad, de las que 47 son productivas y 22 residenciales. Las productivas se dividen a su vez en ocho tecnológicas, seis logísticas, 24 empresariales y nueve de carácter terciario. Son en general parques empresariales distribuidos en los distintos municipios. Mientras, las residenciales contemplan la construcción de casi 55.000 viviendas en promociones que deberán tener entre un 60% y un 70% de VPO, ya que el objetivo es ir atendiendo progresivamente la demanda.

El desarrollo del Potaus permitirá, según los cálculos de la Junta de Andalucía, una inversión global superior a los 25.000 millones de euros y generará más de 220.000 empleos.

De este modo, este planeamiento es una realidad después de dos años de tramitación, si bien la idea de contar con un instrumento de este tipo para el área metropolitana ronda la cabeza de la Junta de Andalucía desde hace dos décadas, con varios intentos fallidos. Su gran reto es fomentar el transporte público y facilitar la movilidad.

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