Una decena de ayuntamientos sevillanos se encuentra al borde de la bancarrota, sin apenas margen de maniobra para prestar servicios públicos básicos que asumieron hace ya años, cuando estalló el boom inmobiliario y había fondos en las arcas municipales. Sin embargo, los tiempos son otros y así lo plasmó el presidente de la Diputación de Sevilla , Fernando Rodríguez Villalobos, que confirmó que existen entre ocho y diez ayuntamientos de la provincia "que están en la UCI".
Villalobos, que hizo esta afirmación en la Cadena SER , evitó desvelar los nombres de los consistorios afectados "para no alarmar a la población", aunque algunos alcaldes ya han avisado públicamente de la grave situación de sus arcas, como es el caso de Morón de la Frontera, Burguillos o Palomares del Río. Y a ellos, tal y como apuntan sindicatos como CCOO, se suman otros que están con problemas de liquidez incluso en el pago de nóminas de la plantilla, como los casos, ya de largo recorrido, de Huévar del Aljarafe o Valencina de la Concepción , pero también otros no tan sonados como los de los consistorios de Estepa , Lantejuela o Guillena .
Desde la Diputación no están por la labor de entrar en listas negras y mucho menos de hablar de recortes en el personal laboral o la posibilidad de que los Consistorios se acojan un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), situación que se dio hace tres años en Almensilla o Valencina de la Concepción. Es todo lo contrario. "Hay que agotar todas las posibilidades para no tener que despedir a nadie", remarcó Villalobos, en su papel de apagafuegos, que intenta desempeñar desde que estalló la crisis. No en vano, en los últimos tres años, la Diputación ha desembolsado más de 120 millones de euros sólo para socorrer a los municipios en apuros, que ha pasado a ser su prioridad en esta legislatura, como bien planteó en su discurso de investidura. "No vamos a dejar en la cuneta a los ayuntamientos" , mencionó.
La empresa es ardua, dado que la decena de consistorios afectados no es cuestión de deudas o retrasos, sino de la imposibilidad de asumir servicios públicos. En ese extremo, Villalobos señaló que no se trata de "un problema coyuntural", sino estructural e influenciado por el boom inmobiliario Y, aunque remarcó "que no hay que pensar en despedir" ya que "detrás hay familias", sí que señaló que la coyuntura actual viene derivada, en buena parte, a que, en época de bonanza, "se ha sobredimensionado el capítulo I del presupuesto, el funcionariado".
Por ello, su plan de acción se fundamenta en que el resto de las administraciones, "la Diputación la primera", den a los consistorios "alguna percha" en términos económicos "a la que se puedan agarrar". Pero, antes que esto, el primer paso lo deben dar, a su juicio, las propias haciendas locales, que "deben priorizar", "racionalizar" en los gastos y "ahorrar" en los que sean secundarios.
Villalobos no se dejó nada en el tintero, ni la hoja de ruta para ser más austeros: "Hay que decir que los buenos momentos pasaron y ajustar la oferta a la demanda. Un ayuntamiento ha podido prestar servicios que lo tienen que hacer otras instituciones y no le pueden cargar esa responsabilidad, y si es así, tendrán que dar el arrope presupuestario".
