I. Morillo / I. Carretero
¿Qué tiene que ver la pinza con que la deuda histórica vaya a ser cuantificada? ¿Qué relación hay entre la afición de Rajoy a los puros y el retraso de las negociaciones? Gobierno y Junta pondrán mañana cifra a la deuda histórica y comenzarán a cerrar un conflicto que pasará a la historia 27 años después. Ocupa una página propia en la autonomía andaluza.
Los padres del primer Estatuto, el de 1981, incluyeron una Disposición Adicional Segunda para que Andalucía recibiera un dinero extra desde el Estado para poder prestar a "un nivel mínimo" los servicios básicos que le iban a ser transferidos (educación, sanidad o vivienda). Se quería compensar el retraso que sufría la comunidad en los 80 cuando accedió a la autonomía. Pero aquella coletilla fue invisible durante años. La Junta de Rodríguez de la Borbolla consignó en sus Presupuestos anticipos de esa cantidad que el Estado nunca pagó, pero no hizo ruido para cobrar. La coincidencia de gobiernos socialistas en España y Andalucía mantenía en la sombra una reivindicación que desde La Moncloa siempre han mirado con recelo por el sentimiento agravio que despierta en otras comunidades.
Fue una de las etapas políticas más duras en Andalucía la que resucitó esta reivindicación. La pinza entre PP e IU (que sumaban 61 de los 109 diputados tras las elecciones de 1994) arrinconó al PSOE en el Parlamento andaluz. La situación era extrema. Se prorrogó el primer Presupuesto de esa legislatura y, para elaborar el de 1996, los socialistas se sentaron a negociar con la izquierda que dirigía Luis Carlos Rejón. Sabían que, sin pacto, habría que convocar elecciones anticipadas. El escenario político nacional indicaba que IU no iba a llegar a un acuerdo. Julio Anguita, al frente de la dirección federal, tenía en marcha su estrategia de sorpasso, cuyo fin era permitir a IU desbancar al PSOE y transformarse en la fuerza líder de la izquierda, como sucedió en la Italia de los años 60 y 70 con el PCI de Berlinguer. El Gobierno de González tocaba fondo.
En otoño de 1995, los socialistas andaluces -con la recién llegada consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, el vicesecretario general del PSOE-A, José Asenjo, y el portavoz en el Parlamento, José Caballos, como trío negociador- se sentaron con IU. La deuda histórica era la moneda de cambio. Rejón, el padre de esa denominación que se grabó con facilidad en el lenguaje político - y que, según los socialistas, ha complicado que en Madrid entiendan el concepto-, pidió 51.000 millones de pesetas de anticipo para apoyar el Presupuesto de la Junta. El presidente Chaves logró que Felipe González -a pesar de que se debía a las presiones catalanas por su alianza con CiU- diese luz verde a un acuerdo que podría allanar la gobernabilidad en Andalucía.
De aquella negociación, el diputado socialista José Caballos recuerda cómo pedía a Magdalena Álvarez -más técnica que política por entonces- que le dejase "lanzar cartas", aunque fueran de farol. Alfonso Perales, diputado en las Cortes y entonces encargado de engrasar el trabajo de los socialistas andaluces en las Cortes y el Parlamento -como años después lo sería de coordinar la reforma del nuevo Estatuto que zanjará este conflicto- se unió a la consejera y el portavoz socialista en la negociación en Madrid. Por IU, se sentaron en la mesa Rosa Aguilar, Felipe Alcaraz y Luis Carlos Rejón, que exigieron que figurase una cantidad en el Presupuesto como crédito vinculante. Pero el Gobierno de González impuso como condición que la cantidad se condicionara a un acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, que aplicase una metodología para el cálculo. "Felipe decía que el Parlamento andaluz no podía imponer nada al Congreso", recuerda Caballos. Eso mismo dijo años después, en enero de 2007, un fallo del Tribunal Constitucional.
El Gobierno envió a las Cortes unos Presupuestos del Estado para 1996 en el que se incluyó una disposición que obligaba a pagar lo que resultase del grupo de trabajo entre Junta y Gobierno. Pero los socialistas no lograron salvar sus cuentas en el Congreso. Contra el Presupuesto -y por tanto contra el pago de la deuda en las condiciones que decía el Ejecutivo de González- votaron PP e IU. El líder del PP-A, Javier Arenas, maniobró para salvar la contradicción -también él había hecho bandera de esa reclamación- y logró que Rodrigo Rato presentase en el Congreso una proposición que pedía en los sucesivos presupuestos el pago de la disposición andaluza.
Esa iniciativa cobraría especial relevancia después, porque a los pocos meses el PP llegó por primera vez al Gobierno central.
Porque no habría Presupuestos estatales ni andaluces, sino elecciones anticipadas en 1996. Chaves recuperó su mayoría en Andalucía con apoyo de los andalucistas y el PP se aupó a La Moncloa. El PSOE andaluz abrazó la reivindicación de la deuda como arma contra el Gobierno de José María Aznar y acudió a los tribunales cada año para exigir su pago. El PP andaluz -que ahora, con Zapatero en Madrid exige a gritos el cobro de una cifra mayor- abandonó esa reivindicación durante los ocho años de la era Aznar, acusando a los socialistas de buscar sólo la confrontación.
La confrontación y el puro. La presión andaluza llevó a Aznar, en enero de 1997, a cumplir el acuerdo cerrado por la Junta y el último Gobierno de González: pagar 20.000 millones de pesetas de anticipo. Se reunió la Comisión Mixta de Transferencias en una cita histórica, de la que Andalucía llegó a pedir judicialmente las grabaciones y que, pasado el tiempo, sirve para ilustrar a la perfección lo que fueron las relaciones de los ejecutivos de Chaves y Aznar. Acordado el primer pago, la Junta propuso que se reanudaran los trabajos para zanjar el conflicto, pero el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy -que se negó a apagar el puro como le exigía Magdalena Álvarez, indignada porque se estaba fumando un puro "mientras le robaba el dinero a los andaluces"- negó la mayor. Su argumento delata la incomprensión que durante mucho tiempo hubo sobre este conflicto: el Estado, sostuvo Rajoy, no podía estar en deuda consigo mismo.
Tuvieron que pasar nueve años, ya con Zapatero en La Moncloa, para que el grupo de trabajo sacase la negociación del dique seco, desempolvando los trabajos y los cálculos de 1996. Ahora en un escenario político distinto porque, con el PSOE otra vez en la Moncloa, los socialistas andaluces no podían despojarse de una reivindicación que hicieron absolutamente suya en los años de Aznar.
No fue fácil explicar de dónde salía esa deuda porque como ilustra bien el dos del PSOE-A, Luis Pizarro, "de Despeñaperros hacia arriba nunca la han entendido". Por aquel entonces, el ministro Jordi Sevilla aseguró que inversiones del Estado como el AVE la "aminoraban". En la Moncloa entendían que esa deuda tenía que ver con un déficit estructural de inversiones y con el subdesarrollo histórico de Andalucía que, por tanto, se habría ido saldando en la democracia.
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