Una oportunidad y un riesgo. Con esa dualidad se enfrentan ciudadanos e instituciones a la sociedad de la información. Y como intermediarios entre unos y otras, los Defensores del Pueblo dedican sus jornadas anuales de coordinación, por primera vez en Andalucía, a la protección de los derechos civiles en la era digital.
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, instó a sus 14 homólogos autonómicos (entre ellos sólo dos mujeres) a "supervisar" el deber de las administraciones de promover el acceso a las nuevas tecnologías de los ciudadanos, ya que a la brecha digital pobres-ricos se añade la generacional, así como de impulsar la administración electrónica. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tomó nota y anunció que si ahora los andaluces pueden realizar 600 trámites por internet, en 2010 serán todos.
Lo cierto es que, según los expertos, Andalucía no sale mal parada. El profesor del CSIC Javier Echevarría, resaltó que "así como Andalucía se incorporó muy tarde a la sociedad industrial, no ha perdido el tren de la sociedad de la información". Incluso en ámbitos como la educación está "a la vanguardia".
En el extremo opuesto está el tejido empresarial, reacio al e-business. Echevarría abogó por incentivar la I+D+i de las pymes, promover los parques tecnológicos y las spin off (empresas salidas de la universidad) pues "el 90% fracasa pero con que el 10% triunfe, la comunidad ya recupera lo invertido".
El presidente de la asociación de usuarios de internet, Miguel Pérez, culpó de esta resistencia al comercio electrónico a que "el 80% de las noticias sobre la red son negativas" y se culpa a internet de la pedofilia o el fraude "como si no existieran antes".
En la era digital chocan la libertad y la propiedad intelectual o la seguridad y son precisos nuevos derechos ni leyes pero sí control o, según Echevarría, tutela porque falta "educación para la ciudadanía electrónica".
