Una empresa del concejal de Urbanismo gestiona licencias de apertura

El edil del PP niega incompatibilidad y afirma que la práctica es legal.

el 18 jun 2012 / 20:34 h.

Una empresa propiedad del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Carmona, Alberto Sanromán (PP), se encargaba de tramitar licencias de apertura y cambios de titularidad de locales en el municipio, que recibían en pocos meses su aprobación en una resolución firmada por el propio concejal. Así se extrae de la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, en la que figuran varias licencias concedidas entre finales de 2011 y principios de 2012. Ante la aparición de estos documentos, Sanroman confirmó el trabajo realizado por su empresa, pero negó que eso suponga incurrir en una incompatibilidad de cargos. Pese a ello, afirmó que sólo fueron "algunas licencias" al inicio del mandato y que, una vez solventados, su empresa "no presentó más aunque el procedimiento en sí es legal".

 

La documentación en cuestión consta de varias procesos de concesión de licencias de cuya tramitación se encargó el Grupo Sanroman Ingeniería, empresa constituida en 2010 y del que el concejal de Urbanismo es accionista y fue nombrado gerente. Entre ellos, figura una resolución de Urbanismo en el que se toma conocimiento del cambio de titularidad de una licencia de apertura de un bar junto a la Puerta de Sevilla, que se solventó justo un mes después de que el Grupo Sanromán presentara un estudio acústico de este establecimiento. También hay una resolución del Consistorio que resuelve la tramitación de deficiencias en la licencia de apertura de un pequeño comercio diez días después de que se presentara la solicitud por la empresa en cuestión.

Dentro de esa agilización a la hora de la resolver consta la concesión de una licencia de apertura de una vinacoteca, en el que el periodo transcurrido entre la presentación del proyecto por la empresa del edil y la resolución favorable es de menos de un mes. Dentro de los casos que se resolvieron también figura alguno cuya tramitación se inició incluso antes de las elecciones municipales que le dieron la Alcaldía al PP, como es el caso del cambio de titularidad de un gimnasio.

Ante estas prácticas, la Ley de Incompatibilidades indica en su artículo 12 que el personal al servicio de las administraciones públicas no puede ejercer "actividades privadas (...) en los asuntos en los que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público". Al hilo de ese supuesto de incompatibilidad, el concejal de Urbanismo, Alberto Sanroman, precisó que, cuando tomó posesión de su cargo, dio conocimiento de sus actividades empresariales, a lo que desde la Secretaría General del Ayuntamiento se le indicó que "no había incompatibilidad" siempre que no fueran para asumir la dirección de una obra pública o la concesión de obras de calado, como una recalificación. Pese a defender la legalidad, tras resolver esos procesos, que insistió que "eran menores y pendientes de resolver", su empresa no ha vuelto a aceptar ningún trabajo dentro del término.

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