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Una expulsión paralizada

La permanencia de los inmigrantes en el país se dirime muchas veces en los juzgados. Es el caso de un mauritano residente en Cádiz que podrá finalmente quedarse a pesar de haber recibido una orden de expulsión de la Subdelegación del Gobierno. El TSJA ha fallado a favor de que esta sanción se reduzca a una multa y condena al Estado a pagar las costas del procedimiento judicial.

el 16 sep 2009 / 05:32 h.

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La permanencia de los inmigrantes en el país se dirime muchas veces en los juzgados. Es el caso de un mauritano residente en la provincia de Cádiz que podrá finalmente quedarse a pesar de haber recibido una orden de expulsión de la Subdelegación del Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado a favor de que esta sanción se reduzca a una multa y condena al Estado a pagar las costas del procedimiento judicial.

La batalla legal de este inmigrante comenzó en febrero de 2008 cuando se le notificó que debe abandonar el territorio español por permanecer en él ilegalmente. Con el abogado de Pro Derechos Humanos recurrió ante un juzgado de lo contencioso-administrativo que sustituye la pena original por una multa de 351 euros.

Pero su historia no acabó con este fallo que se hace público en diciembre de 2008. Posteriormente la Subdelegación del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, presentó un recurso ante el TSJA que ha ratificado recientemente la primera sentencia. El tribunal alude a la posición expresada por el Supremo, que manifiesta que la expulsión requiere "una motivación específica", que sea "distinta o complementaria" a la pura permanencia ilegal.

La Asociación Pro Derechos Humanos ha aplaudido esta decisión judicial por lo que supone para este extranjero que, según asegura, ya había obtenido el permiso de residencia cuando se produjo el recurso por parte del Estado. Pero, sobre todo, considera que "es un duro revés para la nueva práctica de la Abogacía del Estado en Cádiz de recurrir las sentencias de los juzgados que sustituyen las sanciones de expulsión por multa". El abogado de esta agrupación, Diego Boza, espera que la orden de pagar las costas judiciales "le sirva para recapacitar sobre su nuevo proceder para evitar seguir derrochando fondos públicos".

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