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Una familia de El Coronil es desahuciada por la fuerza entre protestas

La Guardia Civil tuvo que desalojar la entrada y el interior del edificio de unos 200 manifestantes

el 21 jul 2011 / 14:59 h.

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A la segunda, ni las movilizaciones del 15-M y del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) pudieron frenar la orden de desahucio. Si el pasado 5 de julio se acabó revocando la decisión judicial, ésta vez ni las doscientas personas que se concentraron en el exterior y en el interior del edificio, encadenadas algunas de ellas, lograron evitar que Juan, su esposa y sus dos hijos menores perdieran el piso en el que residían en la barriada de las Malvinas de El Coronil. Los titulares de la vivienda, en el paro dejaron de pagar las cuotas y su piso fue subastado y adjudicado a otros compradores. Cuando la familia buscó ayuda, ya era demasiado tarde, y la presión social sólo pudo conseguir aplazar su salida.


La familia tomó una decisión apoyada por el movimiento del 15-M y el SAT: la resistencia pacífica para impedir el desalojo. Unas 200 personas, según varios de los presentes, se concentraron en la puertas del inmueble. Se sentaron y encadenaron. Poco después llegó la Guardia Civil. Medio centenar de agentes, que tras dar tres avisos empezaron a tirar uno a uno de todos los presentes. No hubo heridos, sólo algunos golpes, según uno de los portavoces del movimiento del 15-M. Hasta que finalmente Juan tuvo que salir, también a la fuerza. En ese momento, las protestas se trasladaron a la sede del Banco de Andalucía. Golpes, gritos y momentos de tensión para algunos de los empleados. Las movilizaciones seguirán: “Vamos a seguir movilizándonos. La casa será ocupada. Ahí no podrá vivir nadie que haya querido especular con la vivienda”, apuntaron desde la plataforma 15-M.
Juan y su familia perdieron su piso. Se tendrán que trasladar con un familiar. No ha habido más soluciones. El SAT y los manifestantes señalaban al Ayuntamiento.

Su alcalde, Jerónimo Guerrero (PSOE), explicaba su actuación e incidía en que no tiene competencias: “Este no es el primer desahucio que se produce en el municipio. Es el tercero en poco tiempo. Y siempre, como gobierno local, hemos ofrecido ayuda a estas personas. Pero en este caso, recurrió a nosotros muy tarde. Cuando no había vuelta atrás. Si hubiera venido hace años a decirnos que le faltaban 150 euros al mes para mantener su vivienda, no hubiéramos permitido que la perdira”. El alcalde admitió que sólo ha podido ofrecerle los servicios sociales.


Guerrero justificó su ausencia  – “creo en el diálogo no en la fuerza”– y acusó al SAT de querer aprovecharse. Tanto el exalcalde, Diego Cañamero, como el parlamentario Juan Manuel Sánchez Gordillo, sí estuvieron en la protesta: “Hemos resistido con todo el valor que hemos podido”. 

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