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Una familia madrileña vive en la calle con su hijo en coma desde hace casi 7 meses para denunciar negligencia médica

La familia de Antonio Meño, un joven que lleva 20 años en coma  tras someterse a una operación, vive desde hace casi siete meses en  la calle.

el 03 ene 2010 / 10:51 h.

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La familia de Antonio Meño, un joven que lleva 20 años en coma  tras someterse a una operación, vive desde hace casi siete meses en  la calle, concretamente, en la plaza madrileña Jacinto Benavente, a  la espera de que se haga justicia en el caso del joven, pues sus  padres aseguran que el estado de su hijo se debe a una negligencia  médica.

La nieve, el frío y el viento de los últimos días ha obligado a  Juana, la madre de Antonio, a reforzar la doble tienda de campaña que  les está sirviendo de vivienda provisional frente a una de las  dependencias del Ministerio de Justicia. No cuentan ni con luz ni con  gas pero la familia no quiere abandonar el sitio por miedo a que se  olviden de ellos.  

Llevan meses pasando de una circunstancia a otra, pues a finales  de octubre, el riesgo que corrían era el de ser desahuciados de su  vivienda en Móstoles porque una juez insistía en hacerles pagar las  costas de los litigios que se han extendido a lo largo de dos décadas  y que ascienden a más de 400.000 euros.

Según explicó a Europa Press el abogado de la familia, Luis  Bertelli, después de dos meses "no hay noticias" nuevas sobre la  situación de la familia, teniendo en cuenta que hay varios frentes  abiertos en los tribunales. "Lo de la familia Meño es el ejemplo más  claro de lo poco que importamos los ciudadanos en una sociedad que  presume de principios democráticos", apuntó.

En este sentido, señaló que aunque parezca "inimaginable", se dan  situaciones como la que viven desde hace casi siete meses Antonio y  Juana con su hijo Antonio en coma vigil irreversible, "abandonados a  su suerte en pleno centro de Madrid". "Aunque estén solos, en  cuestiones de conciencia no cuenta la ley de la mayoría, como dijera  Gandhi", añadió.

La historia de Antonio Meño empieza el 3 de julio de 1983, cuando  este estudiante de Derecho de 20 años, se sometió a una operación  estética de nariz en una clínica madrileña, que no resultaba ni  siquiera necesaria. La intervención quirúrgica se realizó con  anestesia general y duró, según el cirujano, entre 20 y 25 minutos.

Sin embargo, el anestesista indicó más del doble, una hora. El  resultado fue que del quirófano salió Antonio en coma vigil  irreversible, con las funciones intelictivas y cognoscitivas  completamente abolidas y dependiendo de los demás para poder realizar  sus necesidades más elementales.

Sus padres denunciaron la situación ante el Juzgado de Instrucción  nº 19 de Madrid, que condenó al anestesista porque, según el relato  de los hechos y las pruebas, cabía hablar de "una cierta imprudencia  en la actitud" de este profesional, con lo que la familia podría  cobrar la indemnización que permitía cubrir las atenciones que  necesitaba Antonio.  

Según recoge esta sentencia, el anestesista procedió a la  extubación del paciente sin existir evidentes signos de que Antonio  hubiera recuperado la respiración espontánea. A los cuatro o cinco  segundos de haberle retirado el tubo le sobrevino un vómito y debido  a su falta de reflejos por no haber recuperado la respiración, lo  tragó, aspirándolo por vía aérea, y le causó un broncoespasmo que le  dejó sin oxígeno.

Sin embargo, el anestesista recurrió en apelación su sentencia  condenatoria y la sección séptima de la Audiencia Provincial de  Madrid revocó la dictada en primera instancia, absolviéndole y  dejando a la víctima sin la indemnización. Fue cuando a los padres de  Antonio sólo les quedó la vía civil y acudieron al Tribunal  Constitucional.  

Posteriormente perdieron en primera instancia, en apelación y en  casación. De hecho, los tres jueces que conformaron el tribunal de  apelación --ahora demandados-- aseguraron que no existía "viso  alguno" que permitiera inducir que "haya sido confeccionado ad hoc o  en función del proceso" la actuación del anestesista.

Los padres continuaron su batalla en los juzgados y recurrieron al  Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de los Meño por no haber  combatido en él la culpa del anestesista. La familia se quedó sin  letrado y pidió al Alto Tribunal un abogado y un procurador del turno  de oficio para interponer un incidente de nulidad contra esa  sentencia.

La petición del abogado y procurador de oficio la efectuaron los  Meño el 14 de julio y a día de hoy todavía no le han sido nombrados  estos profesionales, aunque la familia ya cuenta con defensa, la  Fundación Jurei (Justicia Responsable e Independiente), que tras  conocer la historia, acordó hacerse cargo de la situación.  

A día de hoy siguen a la espera de ver qué ocurre con su recurso  de apelación y a pesar de que llevan dos décadas de lucha donde se  han quedado solos, "sin dinero e indefensos" no terminan de perder la  "esperanza" de que llegue el momento en el que se reconozcan sus  derechos.

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