Los documentos deben ser destruidos por empresas especializadas
Decenas de miles de documentos judiciales inútiles que llevan décadas acumulando polvo en los juzgados sevillanos están siendo destruidos con la intención de descongestionar los abarrotados almacenes judiciales. Eso, y librar a estos órganos del deber de custodiar innumerables papeles con información sensible al contener datos personales pero que no tienen valor alguno. Unos por el tiempo transcurrido, pero la mayoría porque nunca lo tuvieron, como las decenas de diligencias por delitos en los que no llegó a haber sospechosos, pero que Policía y Guardia Civil enviaban por protocolo a los juzgados y éstos se limitaban a archivar. Bueno, a archivar y a guardar durante décadas. A ellos se les suman miles de expedientes por delitos prescritos desde hace años.
Sevilla ha sido la primera provincia en la que la Consejería de Justicia ha puesto en marcha la Junta de Expurgo, que pretende algo tan simple como seleccionar los documentos con valor histórico o social para enviarlos al Archivo Histórico Provincial y destruir el resto. Tan simple y tan complejo, ya que cada diligencia debe someterse antes a un exhaustivo proceso de clasificación que permita determinar si tiene valor.
El primer lote son 80.000 expedientes de juicios de faltas y diligencias previas de entre 1976 y 1990 que están almacenados en cajas que ya están siendo purgadas. Hay documentos con claro valor histórico, como nos ha ocurrido en Málaga con la causa por la muerte de García Caparrós, el joven fallecido de un disparo de la Policía Armada en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977, explica el secretario general de la Consejería de Justicia, Pedro Izquierdo. Del resto también se salvan algunos, ya no por su valor histórico sino porque reflejan la realidad social, económica, cultural o política del momento: Recogen el tipo de denuncias que se presentaban, el lenguaje de la época
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Además, la Junta está publicando en el BOJA las referencias de los asuntos que van a ser destruidos, para que los interesados puedan, durante dos meses, pedir la devolución de documentos que hayan aportado a estas causas.
Una vez seleccionados los que se libran de la criba, Justicia ha comenzado ya una destrucción que tiene su dificultad, porque al incluir datos personales deben hacerlo empresas autorizadas con las debidas garantías de confidencialidad; y porque estamos primando el reciclaje del papel, explica Izquierdo. En Sevilla este trabajo se ha incluido en el mantenimiento general de los juzgados, sin coste extra, mientras que en otras provincias se ha optado por contratos específicos.
El futuro promete ser más fácil, porque en Sevilla se emplea ya para la gestión de las diligencias judiciales el sistema Jara, que al informatizar todos los datos permitirá saber de forma automática en qué momento un documento pasa a ser inservible sin tener que realizar una purga específica, como ocurre ahora con estos documentos antiguos. La idea es avanzar hacia las nuevas tecnologías y la informatización de la Justicia, lo que también llevará a reducir la cantidad de papel empleado.
Justicia pretende acabar destruyendo 650.000 documentos sin valor de los juzgados de toda Andalucía, liberando así un espacio que, si se pusiesen en fila todas las cajas que los contienen, equivaldría a una distancia de 300 kilómetros, calcula la Junta.
