La gerente de una empresa de gestión de residuos peligrosos imputada por el reciclaje de tapones de plaguicida que provocó la muerte el pasado 14 de diciembre de 2013 de tres miembros de una familia de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tras una intoxicación inhalatoria con fosfina ha asegurado este miércoles que los tapones "fueron sacados" de la empresa "sin su consentimiento" en diciembre del pasado año.
Durante su declaración ante la juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra, la imputada, identificada como María Rosa S.M., ha admitido que ella era la responsable de la empresa Alansu S.L. en Sevilla, pero ha aseverado que siempre tomaba las decisiones tras recibir órdenes concretas de la central de la empresa en Madrid.
De igual modo, y según han informado fuentes del caso, la imputada ha puesto de manifiesto que "pensaba" que la chatarrería Reciclados Nivel disponía de autorización de la Junta de Andalucía para la eliminación de residuos tóxicos.
La declaración de María Rosa S.M. estaba prevista para el pasado mes de julio, pero fue suspendida debido a que su defensa había recurrido su imputación en el caso, aunque posteriormente desistió.
También han declarado este miércoles ante la juez en calidad de imputados un trabajador de la empresa de gestión de residuos peligrosos implicada y un socio de la chatarrería Reciclados Nivel, mientras que también estaban citados cuatro testigos, entre ellos el responsable de la empresa fabricante del plaguicida y los representantes de dos chatarrerías a las que Reciclados Nivel vendía tapones.
En la causa, asimismo, hay un cuarto imputado, como es el encargado de esta última chatarrería, identificado como Pedro Antonio G.C. y a quien la instructora atribuye un presunto delito contra el medio ambiente en concurso con tres delitos de homicidio imprudente por no reciclar de manera adecuada unos botes de plaguicida que en diciembre pasado causaron la muerte al matrimonio compuesto por Enrique Caño, de 61 años de edad, y Concepción Bautista, de 50 años, y una hija de 14 años.
Este imputado aseguró en su declaración que desconocía que la partida de 1.000 kilogramos de botes de fosfuro de aluminio que le llegó procedente supuestamente de la empresa de gestión de residuos estuviera contaminada, pues "no sabía que tuviera elementos tóxicos y pensaba que los envases eran de aluminio".
En la causa se han personado como acusación particular tanto la hija de 13 años del matrimonio fallecido que sobrevivió como sus tíos.
La investigación trata de aclarar si los botes de fosfuro de aluminio fueron vendidos con sus respectivos tapones a la chatarrería y cómo llegaron dichos tapones a la vivienda de la familia de Alcalá de Guadaíra, barajándose como hipótesis que esta empresa pudiera haber pagado con tapones al cabeza de familia, Enrique Caño, a cambio de chatarra. Los tapones, finalmente, aparecieron en el cuarto de baño de la familia fallecida.
