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Una imputada asegura que los tapones tóxicos fueron sacados "sin su consentimiento"

La gerente asegura ante el juez que "pensaba" que la chatarrería Reciclados Nivel disponía de autorización de la Junta para la eliminación de residuos tóxicos

el 24 sep 2014 / 18:45 h.

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La gerente de una empresa de gestión de residuos peligrosos  imputada por el reciclaje de tapones de plaguicida que provocó la  muerte el pasado 14 de diciembre de 2013 de tres miembros de una  familia de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tras una intoxicación  inhalatoria con fosfina ha asegurado este miércoles que los tapones  "fueron sacados" de la empresa "sin su consentimiento" en diciembre  del pasado año. EL MATRIMONIO FALLECIDO EMPEZABA A RECOGER CARTONES A LAS SIETE DE LA MAÑANADurante su declaración ante la juez de Primera Instancia e  Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra, la imputada, identificada  como María Rosa S.M., ha admitido que ella era la responsable de la  empresa Alansu S.L. en Sevilla, pero ha aseverado que siempre tomaba  las decisiones tras recibir órdenes concretas de la central de la  empresa en Madrid. De igual modo, y según han informado fuentes del caso, la imputada  ha puesto de manifiesto que "pensaba" que la chatarrería Reciclados  Nivel disponía de autorización de la Junta de Andalucía para la  eliminación de residuos tóxicos. La declaración de María Rosa S.M. estaba prevista para el pasado  mes de julio, pero fue suspendida debido a que su defensa había  recurrido su imputación en el caso, aunque posteriormente desistió. También han declarado este miércoles ante la juez en calidad de imputados un trabajador de la empresa de gestión de residuos  peligrosos implicada y un socio de la chatarrería Reciclados Nivel,  mientras que también estaban citados cuatro testigos, entre ellos el  responsable de la empresa fabricante del plaguicida y los  representantes de dos chatarrerías a las que Reciclados Nivel vendía  tapones. En la causa, asimismo, hay un cuarto imputado, como es el  encargado de esta última chatarrería, identificado como Pedro Antonio  G.C. y a quien la instructora atribuye un presunto delito contra el  medio ambiente en concurso con tres delitos de homicidio imprudente  por no reciclar de manera adecuada unos botes de plaguicida que en  diciembre pasado causaron la muerte al matrimonio compuesto por  Enrique Caño, de 61 años de edad, y Concepción Bautista, de 50 años,  y una hija de 14 años. Este imputado aseguró en su declaración que desconocía que la  partida de 1.000 kilogramos de botes de fosfuro de aluminio que le  llegó procedente supuestamente de la empresa de gestión de residuos  estuviera contaminada, pues "no sabía que tuviera elementos tóxicos y  pensaba que los envases eran de aluminio". En la causa se han personado como acusación particular tanto la  hija de 13 años del matrimonio fallecido que sobrevivió como sus  tíos. La investigación trata de aclarar si los botes de fosfuro de  aluminio fueron vendidos con sus respectivos tapones a la chatarrería  y cómo llegaron dichos tapones a la vivienda de la familia de Alcalá  de Guadaíra, barajándose como hipótesis que esta empresa pudiera  haber pagado con tapones al cabeza de familia, Enrique Caño, a cambio  de chatarra. Los tapones, finalmente, aparecieron en el cuarto de  baño de la familia fallecida.

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