Las iniciativas y actividades tanto del Gobierno como de los partidos políticos prometen un curso político animado e interesante en Andalucía. Los efectos de la crisis irán en aumento y en ese escenario deberán resolverse problemas tan candentes como la financiación autonómica, la liquidación de la deuda histórica, la adopción de medidas de carácter económico y social para paliar en lo posible las consecuencias negativas de aquella. Todo ello explica las reuniones del presidente Chaves con los representantes de los empresarios y de los sindicatos ya celebradas y los encuentros previstos para los próximos días con los líderes del PP e IU, así como las propuestas realizadas en estos últimos días por los populares en materias como el agua y el urbanismo. Así la portavoz parlamentaria del PP en esta área ha expuesto ante los medios una iniciativa para legalizar las urbanizaciones y viviendas que en los últimos años se han construido en Andalucía al margen o en contra de la legalidad vigente. Desconozco el contenido detallado de la propuesta al basarme en lo publicado en los distintos medios, pero reconozco su interés, si con posterioridad se concreta en sede parlamentaria y no se reduce a una mera puesta en escena.
Punto de partida obligado es reconocer que la responsabilidad por el urbanismo salvaje de estos últimos años no es exclusiva de esta u otra autoridad o institución, sino que ha sido y sigue siendo una responsabilidad compartida por diversas instancias y colectivos: Junta de Andalucía, Ayuntamientos, Jueces y Fiscales, Registradores de la Propiedad y Notarios. Y esta responsabilidad compartida lo es con diverso grado de intensidad y aplicación. Así los primeros y máximos responsables son los Ayuntamientos, por ser los titulares de unas competencias directas sobre la materia y por la inmediatividad de su ejercicio. Los Ayuntamientos tienen la obligación de conocer mediante una adecuada vigilancia todo cuanto ocurre en su territorio, sobre todo en materia de urbanismo y construcción, máxime cuando su realización exige un tiempo y genera una situación difícilmente ocultable y por ello fácilmente controlable y sancionable cuando se viola la legalidad vigente.
La iniciativa del PP no es novedosa y exige prudencia y realismo en su ejecución. Ante la proliferación de las urbanizaciones irregulares, ha habido Ayuntamientos que han desarrollado un proceso de legalización, siempre dentro del marco normativo vigente y que ha permitido a sus propietarios salir de la situación clandestina en que se encontraban. Me parece acertado según lo manifestado por la portavoz popular admitir que haya situaciones que bajo ningún concepto pueden ser legalizadas por las circunstancias concurrentes. Pero incluso en aquellas que puedan serlo será necesario establecer unos criterios precisos que eviten situaciones de discriminación o de agravio comparativo respecto de otras ya producidas con carácter irreversible. En principio, la iniciativa parece plausible, pero su concreción en actuaciones determinadas y su aplicación práctica son de tal complejidad que exigirá un acuerdo de todas las Administraciones afectadas, que en ningún caso pueda ser interpretado como una amnistía urbanística.
Antonio Ojeda Escobar es notario
