Detrás de la supuesta manipulación del concurso de Mercasevilla hay 107 millones de euros. Una sustanciosa cuantía por un proyecto urbanístico amparado en el PGOU y por lo que Sando adelantó en 2006 cinco millones. Además, la fundación recibió 257.000 euros en donaciones de empresas vinculadas al concurso.
Una de las técnicos imputadas en el caso Mercasevilla reconoció el pasado martes al jefe de la Policía que el concurso público para la venta del suelo se manipuló en favor de Sando. En la operación se tenían que poner 107 millones de euros sobre la mesa, cantidad por la que se adjudicó el proyecto, pese a que la oferta del Grupo Noga era superior (158 millones), de ahí que a la juez del caso le resultara extraño que ésta se rechazara, pese a ser más beneficiosa, y decidiera entrar a investigar los entresijos de la elaboración del pliego de condiciones.
Por la compra de dichos suelos, Sando depositó en las cuentas de Mercasevilla cinco millones de euros en concepto opción de compra (Noga ofrecía 30 millones), que se registró en el ejercicio de 2006, según consta en la auditoría de Pricewaterhouse de las cuentas anuales de 2008. El resto, 102 millones de euros, se entregarían cuando Mercasevilla abandonara su actual ubicación para marcharse a los nuevos terrenos Majarabique. Una operación que cuenta con el respaldo del Plan General de Ordenación Urbana y que incluso supuso la firma de un convenio entre la Gerencia de Urbanismo y Mercasevilla para el traslado de su sede.
El proyecto de edificación en Majarabique está presupuestado en 113 millones de euros. En los actuales suelos de Mercasevilla estaba previsto que Sando levantara 2.124 viviendas, de las que un 30% se reservaría para VPO. El uso residencial se combinaría el terciario, educacional y con zonas verdes. De hecho, 78.000 metros cuadrados estarían dedicados a servicios terciarios y dos grandes vías comunicarían las viviendas con un apeadero ferroviario y los parques.
Paralelamente a este proyecto, la Fundación Mercasevilla, que se creó justamente en 2006 (año en el que se adjudicó el concurso), recibía en concepto de donaciones 257.000 euros de empresas y particulares vinculados a este proyecto, entre ellas Sando y el economista José Antonio Ripollés, imputado que declarará hoy.
María Victoria Bustamante, la técnico que ha reconocido que el concurso se amañó, está citada también hoy a declarar como imputada. Bustamante es técnico de Urbanismo y consejera de Mercasevilla y hoy tendrá que aclarar ante la juez, Mercedes Alaya, en qué consistió la modificación de las valoraciones de las ofertas. Pero la clave puede estar en su ordenador y en por qué se lo llevó a su casa cuando Urbanismo dijo que se lo cambiaría tras cuatro años sin denunciar ninguna irregularidad. Bustamante llamó a la Policía Judicial que registró la base de datos de la Gerencia en busca de documentos relacionados con la venta a Sando, para evitar una posible destrucción de pruebas.
Ese mismo día los agentes se personaron en el domicilio de Bustamante para recoger la CPU que se había llevado de Urbanismo. Ella la entregó voluntariamente y fue requerida por el juzgado para abrir las carpetas del mismo. Bustamante asegura que "había encontrado varios correos" de Fernando Mellet -ex director general de Mercasevilla e imputado principal en la causa- con "instrucciones para confeccionar el pliego de condiciones". Sin embargo, fuentes de la defensa de Mellet aseguran que en el ordenador "no se van a encontrar" estos correos porque "no existieron".
Bustamante explicó al jefe de la Policía Judicial que el viernes prestó declaración ante sus compañeros, que se sentía "presionada" y que estaban a punto de llevarse los ordenadores de Urbanismo. Además, relató que ella se encargó de las valoraciones del concurso, salvo de las de carácter económico, que de ellas se encargó Ripollés. Ella elaboró un informe con las valoraciones después de abrir las plicas de las empresas ofertantes. Dicho documento lo entregó a Mellet y a Regla Pereira -secretaria y también e imputada en el supuesto cobro de comisiones ilegales- para que "lo pasaran a ordenador". Sin embargo, según su nueva versión, al día siguiente "se habían cambiado las valoraciones".
La técnico, que antes de ser imputada dijo que el concurso no estaba dirigido, dijo que se negó a firmarlo, pero que telefoneó al ex vicesecretario Jorge Piñero, también imputado, y que éste le dijo que "si seguía ganando la empresa Sando" que los firmase. La juez, ante su citación inminente, decidió aportar copia de la declaración del policía a las partes para que tuvieran conocimiento.
¿Más imputados?. Pero ésta no ha sido la única intervención de la Policía Judicial en la investigación, ya que la semana pasada requirió al presidente y vicepresidente de Mercasevilla entre 2005 y 2006, Gonzalo Crespo y Antonio Rodrigo Torrijos. Y no serán los únicos, ya que se prevé que un nombre vinculado a Mercasevilla y a Urbanismo tenga que prestar declaración: Domingo Enrique Castaño. De hecho, cuando Bustamante llegó a la Gerencia, Castaño era director de área y aterrizó en Mercasevilla cuando él era consejero de la entidad. Además, Castaño pertenece ahora a la empresa Desarrollo Urbanístico de Sevilla S.L. (DUSE), una UTE compuesta por Sando, Realia y Noriega para la urbanización de Santa Bárbara, donde se levantarán 17.000 pisos.
Todas estas declaraciones en la Policía se han producido después de que Piñero declarase que el borrador del pliego de condiciones pasó por las manos de la Comisión Ejecutiva, la mesa de contratación e incluso el Pleno municipal que lo aprobó. Por ello, según fuentes judiciales, la juez ha decidido que la Policía tomé nuevas declaraciones y, una vez que ella reciba el acta de todas ellas decidirá si cita a algunos de estos nombres, y los que quedan por pasar, como testigos o incluso como imputados.
