La investigación de presuntas irregularidades en la venta de suelos de la lonja en 2006 es la segunda de las piezas del caso Mercasevilla que abrió la jueza Alaya, a principios de 2009, derivada de la instrucción de la que surgió todo: la mordida de 450.000 euros que los responsables del mercado pidieron a los empresarios del grupo La Raza y que éstos denunciaron aportando grabaciones de la conversación a cambio de adjudicarles la escuela de hostelería, la única pieza ya concluida en la que el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas y los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce fueron condenados por cohecho a 21 meses de inhabilitación y al pago de 600.000 euros de multa. Se trata de una pieza separada cuya investigación emergió en una fase muy incipiente, casi al mismo tiempo que la de la mordida, a raíz de la investigaciones sobre las cuentas de la lonja y especialmente sobre las donaciones que recibía su Fundación.
Los hechos Sando obtiene los suelos por 106 millones. En 2006 Mercasevilla convoca un concurso público para la adjudicación de los suelos que ocupa la lonja en la carretera Sevilla-Málaga destinados a la construcción de 2.000 VPO cuando el mercado se trasladara a Majaravique. Concurren ocho empresas y resulta adjudicataria Sanma la filial inmobiliaria de Sando con una oferta de 106 millones de euros, prácticamente la cantidad mínima exigida, pese a que existía una oferta superior, de 157 millones, realizada por Noga, que no impugnó el concurso.
Las sospechas Un pliego a medida y una oferta ganadora a la baja. En el transcurso de la investigación, las pesquisas de la Guardia Civil y las hipótesis planteadas por Alaya para justificar las imputaciones y citaciones a declarar apuntan a un amaño del concurso. El principal dato que hace sospechar a la jueza es el hecho de que la oferta ganadora no fuera la mejor y que, pese a ello, la empresa que pujó más alto hasta 50 millones más no recurriera. La Guardia Civil y Alaya sostienen que Sando llegó a diseñar el pliego de condiciones del concurso, de ahí que primara requisitos que solo cumplía esta empresa como el derecho de uso sobre los suelos que previamente adquirió a Lareda 98 en una oscura operación. La jueza llegó a imputar a los otros siete empresarios que concurrieron al concurso (entre ellos los hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que lo hicieron con su empresa Construcciones Juan de Robles) al considerar que sus raquíticas ofertas, en el límite de la mínima exigida de 105 millones, eran un paripé para dar apariencia de legalidad al procedimiento, algo que todos negaron y Alaya terminó archivando su imputación tras un agrio enfrentamiento con la Fiscalía que advirtió de que los delitos que les imputaba (maquinación para alterar el precio de las cosas, fraude y exacciones ilegales) habían prescrito. En cuanto al conformismo de Noga, un reciente informe de la Guardia Civil apunta que recibió compensaciones del Ayuntamiento por ello (en concreto ampliando el plazo legal que tenía para edificar en unos solares de Sevilla Este cuando estaba a punto de expirar). Alaya aún no ha practicado diligencias respecto a esto, por lo que la nómina de imputados podría ampliarse a los responsables de Noga. La jueza también pone en cuestión que el sistema de convocatoria fuera el concurso y no la subasta pública, aspecto que el entonces teniente de alcalde y vicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, defendió para evitar la especulación con el suelo dado que su destino era la construcción de viviendas protegidas.
Los imputados 18 cargos municipales, funcionarios y empresarios. La nómina de imputados en esta pieza del caso Mercasevilla, que pese a haber transformado en sumario aún puede ampliarse, la integran hasta ahora 18 personas: el exconcejal socialista y expresidente de Merca Gonzalo Crespo y el exteniente de alcalde de IU y vicepresidente de la lonja Antonio Rodrigo Torrijos; el exgerente de Urbanismo Manuel Marchena y su sucesor Miguel Ángel Millán; los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet (director), Daniel Ponce (subdirector), Jorge Piñero (vicesecretario), Pilar Giraldo (exdirectora económico-financiera), José Antonio Ripollés (asesor fiscal); los empleados municipales Domingo Enrique Castaño (exasesor del PSOE y consejero de Merca), María Victoria Bustamante (jefa del servicio de Vía Pública), Isabel Evans y Emilia Barrial (jefa y subjefa del servicio de licencias); los arquitectos Alfredo Delmo, José Manuel Ferrera y Alberto Balbontín; y los directivos de Sando José Luis Sánchez, Luis Sánchez Manzano y José Luis Miró.
Los delitos Prevaricación y falsedad en delito mercantil. Según Alaya señala que los hechos investigados podrían ser constitutivos entre otros de los delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público en delito mercantil y prevaricación contra la ordenación del territorio. Precisamente, el hecho de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contemple penas de entre siete y diez años de inhabilitación para el delito de prevaricación hace que se trate de una infracción cuyo enjuiciamiento compete a la Audiencia Provincial y no a los juzgados de lo Penal, y requiere la conversión de las diligencias previas de la instrucción en sumario ordinario.
