Finalmente, la magistrada turca que va a juzgar a la joven sevillana por participar en una manifestación pro kurda ha decidido solicitar que un juzgado español le tome declaración. El proceso judicial a la estudiante, que ayer se puso en marcha, podría demorarse hasta dos años hasta su resolución.
El juicio a la estudiante sevillana Adriana Espinosa por asistir a una manifestación ilegal pro kurda mientras estaba en Turquía con una beca Erasmus comenzó ayer en Gaziantep. Tal y como había anunciado, la estudiante de Periodismo no acudió a la vista, aunque sí su abogado.
Ante la incomparecencia de la joven, de 24 años de edad, la juez ha solicitado que se le tome declaración en un juzgado español y que éste la remita al tribunal que está encargado del caso, es decir, lo que se denomina una comisión derogatoria. Según explicó ayer Adriana, esta solicitud puede tardar hasta tres meses, por lo que la citación no se producirá de inmediato.
La joven conoció el transcurso del juicio por medio de una intermediaria que le pone en contacto con su abogado, que "se muestra esperanzado en que salga absuelta". No obstante, y según el letrado, "la pena solicitada sería de un año y seis meses de prisión", aunque al no tener antecedentes penales "la condena sería suspendida".
El proceso, en el que hay otras 17 personas más imputadas, se puede demorar un año o incluso dos. Por ello la joven, que quiere continuar con sus estudios en el extranjero, ha decidido "seguir adelante con mis planes" ya que, según le ha explicado su abogado, al no estar condenada aún y como tampoco existe una orden de ingreso en prisión provisional, no tendría ningún problema para viajar, incluso si va a Turquía. Aún así, la joven asegura que antes de marcharse a algún país contactará con la embajada española, "incluso si se trata de un país de la UE", para saber si tendría problemas en su territorio.
Por otro lado, la Junta de Gobierno de la Escuela de Arquitectura mostró ayer su apoyo a la joven y reclamó por parte de la Universidad de Sevilla más medidas de protección a los estudiantes erasmus que deciden marcharse a estudiar a países más conflictivos.
